Diario Vasco

PNV y PSE miden sus límites para pactar a diez días de la investidura de Urkullu

Mendia y Ortuzar se saludan en el hall de Sabin Etxea, en un encuentro entre ambos dirigentes políticos.
Mendia y Ortuzar se saludan en el hall de Sabin Etxea, en un encuentro entre ambos dirigentes políticos. / IGNACIO PÉREZ
  • El EBB analizará el lunes la última propuesta socialista antes de una nueva reunión que puede ser clave para despejar si habrá o no coalición

  • Ambos partidos encaran la semana decisiva con disensos sustanciales en paz y autogobierno

Ya no queda mucho tiempo de incertidumbre. Apenas unos días. La negociación entre el PNV y el PSE para alcanzar un acuerdo de gobierno atraviesa el momento más delicado, el de poner a prueba los límites de su capacidad de entendimiento en el corpus más político y más sensible de sus respectivos idearios para dejar plasmado en un documento la esencia de su hoja de ruta en pacificación y la base del fondo y la forma que se dará a la reforma estatutaria que ambos creen inaplazable. «Está complicado», reconocen desde el lado jeltzale. «No está siendo fácil, seguimos bloqueados», comparten en el ala socialista. El diálogo atraviesa el punto más crítico. Y aunque el grado de optimismo o pesimismo sobre el resultado final va modulándose en función de la voz que se escuche, lo cierto es que ambas partes no tiran la toalla y siguen midiendo la flexibilidad de su cintura negociadora en pos, defienden como tesis central, de un pacto que garantice la preciada estabilidad política para Euskadi en un tiempo de convulsión globalizada.

Sin paz en los términos. Los dos interlocutores se conocen a la perfección. Son conscientes de sus diferencias programáticas y de la capacidad de cesión que ambos tienen en materia económica, fiscal, e incluso de políticas sociales, donde también se han ido salvando puntos de fricción como, según ha deslizado alguna de las diferentes fuentes consultadas, el nivel de endeudamiento propuesto por los socialistas para garantizar la protección social. Pero ese plano, el de la gestión diaria, el que según coinciden ambos, más importa a los ciudadanos y ocupa el primer lugar de sus prioridades, es el menos resbaladizo en este caso. Hace año y medio ya lograron entenderse en el modelo económico y social en las tres diputaciones y varios ayuntamientos, y si solo se tratara de eso, podrían llegar a hacerlo -casi nadie lo duda- en el siguiente nivel institucional, el Gobierno Vasco. Pero es que en este caso a aquellos acuerdos de coalición, donde apenas se deslizaban un par de párrafos sobre el compromiso en pacificación y autogobierno, hay que añadir unos principios políticos que comprometerán a ambos durante toda la legislatura.

En materia de paz, convivencia y derechos humanos, la clave es la «terminología». El lenguaje. Ese caballo de batalla en la era postETA con el que se pretende aunar sensibilidades antagónicas sin desvirtuar el relato de la historia sufrida en Euskadi durante cuarenta años de terrorismo. Esa palabra, terrorismo, es la que según fuentes solventes del PSE, los jeltzales se resisten a dejar escrita en pos de una mirada «no anclada en el pasado» como la que, desde el otro lado, hay quien les reprocha. Los socialistas no ponen pegas al discurso de deslegitimación de la violencia de ETA del lehendakari -que ayer tuvo un encontronazo con Otegi a cuenta de la autocrítica-, pero sí recelan de cómo se realiza esa traslación al papel en el documento que pergeñan, después de una legislatura en la que han sido críticos con el lenguaje manejado por la secretaría de Jonan Fernández, ligada directamente, no hay que olvidar, al área de Presidencia de Iñigo Urkullu.

La base para implementar las políticas de convivencia, víctimas y derechos humanos de los próximos cuatro años debe garantizar, a juicio de los socialistas, el relato fidedigno, sin subterfugios, de todas las expresiones de violencia que practicó la banda. Más allá, de que ambos compartan la existencia y la necesidad de reconocimiento y reparación a quienes sufrieron otras expresiones de violencia, generadas por el Estado y/o por fuerzas de seguridad, que fueron igualmente injustas y dramáticas. La resolución del desarme de ETA será otra clave del mandato, en el que el lehendakari está decidido -no solo dispuesto- a implicarse con su conocido plan para dar cobertura a la desaparición definitiva y «ordenada» de la banda, constatado que el Gobierno de Mariano Rajoy no va a modificar su política al respecto. El PSE no critica esa vía vasca, pero sí se opone a «teatralizaciones».

La falla del estatus. Cinco años después del cese de ETA y pese a que la construcción de la convivencia sigue siendo un eje fundamental de las políticas públicas, no parece que una discrepancia en ese lenguaje pueda echar por tierra un planteamiento de gobierno de coalición que tiene múltiples campos y aristas. Es una cuestión ética y de principios, cierto. Pero la falla que puede provocar más seísmos no esa, sino la del autogobierno. Un debate que pretende resolverse esta legislatura y donde entra en juego el ideario político más básico. «Hemos llegado hasta donde podíamos», aseguran desde las filas socialistas tocando el epicentro del conflicto, el derecho a decidir. El PSE se resiste a que ese concepto quede reflejado en el documento, aunque se explicite su discrepancia. «Porque una vez en papel», interpretan, «ya te compromete». Y el PNV tampoco es partidario de un pacto con «demasiadas discrepancias pactadas». Los socialistas asumen el término nación para definir a Euskadi, pero sin dejar margen para alterar el modelo de soberanía o la creación de un Estado independiente. Esta última no es la meta, al menos inmediata, del nuevo estatus que abandera el PNV para establecer una relación bilateral con el Estado que blinde competencias y garantice la autonomía de decisión de Euskadi. Pero los jeltzales tampoco van a renunciar al ejercicio del derecho a decidir, que en su propuesta se concreta en una consulta pactada y no vinculante que avale el acuerdo del Parlamento Vasco antes de su negociación en Madrid.

Interlocución al más alto nivel. Andoni Ortuzar e Idoia Mendia han hablado por teléfono estos días para intentar salvar los puntos más empantanados de la negociación. Ambos analizan, y lo llevarán a sus respectivas ejecutivas, las últimas contraofertas para intentar sellar un pacto de coalición que, o toma forma esta semana, antes del pleno de investidura del día 23, o imposibilitará otra fórmula menos comprometida como la que ya practicaron en el mandato anterior, la de la estabilidad desde la oposición. Buscar el punto intermedio donde ambos se sientan «cómodos» es la clave para el éxito, y habrá que esperar a su reunión en próximos días para, si hay fumata blanca, empezar a articular la arquitectura del próximo Gobierno Vasco que Iñigo Urkullu ya ha empezado a esbozar. Lo que ninguno contempla es que un fracaso en la negociación ponga en riesgo las coaliciones en diputaciones y ayuntamientos, o que imposibilite futuros pactos como el de los Presupuestos de 2017. En ese caso, habrá que ir «ley a ley».

El último escaño en manos de la oposición. Para esos proyectos legislativos, como el presupuestario, PNV y PSE necesitarían otro voto, el número 38 que les negaron a última hora las urnas. Ese escaño que fue a parar a EH Bildu evitó que jeltzales y socialistas sumaran mayoría absoluta y provocó un escenario que algunas voces nacionalistas interpretan más complicado incluso que la mayoría de 27 con la que se manejó Urkullu en los últimos cuatro años. El cambio sustancial está en la suma de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que juntos superan por un voto al PNV, y que podrían complicarle la existencia durante toda la legislatura en caso, opinan estas fuentes, de que no se ate la alianza con el PSE. EH Bildu, que a falta de una nueva reunión esta semana, tiene decidido presentar a Maddalen Iriarte como candidata a lehendakari defiende una oposición constructiva, pero ya advierte al mismo tiempo que, por ejemplo, será exigente ante las próximas Cuentas o en materia social.

La coalición está obligada también a equilibrar ese papel proactivo hacia el PNV con la competencia por la izquierda que le supone Elkarrekin Podemos. Y esa hipotética unión de fuerzas es la que más quebraderos de cabeza puede provocar a los jeltzales, haya o no alianza de gobierno. Será su momento de poner en práctica ese anhelo de «pactar con todos», ya que para garantizar su producción legislativa precisará del voto extra de EH Bildu, un PP con el que debe reconciliarse o, menos probable, Elkarrekin Podemos.

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