Diario Vasco

Urkullu negociará con el Gobierno de Rajoy para frenar el recurso contra la ley de víctimas policiales

Urkullu negociará con el Gobierno de Rajoy para frenar el recurso contra la ley de víctimas policiales
/ TELEPRESS
  • El Ejecutivo vasco tratará de acordar las cuestiones más espinosas en la comisión bilateral para evitar que la norma acabe en el Constitucional

El anuncio del Gobierno central al Ejecutivo vasco de que tiene intención de recurrir la ley de víctimas policiales aprobada en julio fue un jarro de agua fría para el gabinete en funciones de Iñigo Urkullu en el aniversario del Estatuto, aunque el lehendakari está convencido de que el texto y el espíritu de esa norma tienen encaje legal, por lo que la defenderá donde proceda. Fuentes del Gobierno Vasco indicaron ayer que confían incluso en que el recurso del Ejecutivo de Rajoy no llegue a materializarse ante el Tribunal Constitucional, y recordaron que ahora se abre un plazo de seis meses en los que una comisión bilateral entre ambos gobiernos tendrá la posibilidad de evitarlo. El equipo de Urkullu confía en que ese órgano permita limar las «diferencias técnicas» que han provocado esta primera reacción del Gobierno central.

Fuentes de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, la encargada de impulsar esta ley al final de la legislatura pasada, aclararon ayer que el anuncio del Gobierno de Rajoy de presentar un recurso no deja en suspenso la aplicación de la norma, algo que sólo ocurriría si el Tribunal Constitucional llegase a recibir dicha reclamación y así lo decidiera de forma cautelar. Por tanto, en los seis meses que tiene por delante la comisión bilateral para llegar a un acuerdo, seguirán desarrollándose algunos apartados de la ley que entró en vigor en agosto, como la formación de una 'comisión de valoración' por parte del Parlamento Vasco.

Comisión de valoración

La 'comisión de valoración' de las víctimas policiales es uno de los puntos de discordia entre ambos gobiernos, ya que el Ejecutivo de Rajoy considera que, en la ley vasca, a este órgano no judicial se le atribuyen unas potestades para reconocer víctimas que corresponden a los jueces y tribunales. En la comisión parlamentaria en la que se trabajó esta ley, algunos expertos invitados ya advirtieron de que podrían derivarse algunos problemas legales de ello. Aunque desde la Secretaría de Paz y Convivencia aseguran que se trata de «cuestiones técnicas» que se pueden matizar y que «ninguno de los expertos advirtió de que la ley pudiera contener apartados inconstitucionales».

En cualquier caso, aunque el Parlamento avance en el nombramiento de los integrantes de la 'comisión de valoración' en los próximos meses y este órgano empiece a trabajar, desde el Gobierno Vasco señalan que en medio año no dará tiempo a tramitar expedientes completos para reconocer y reparar a los damnificados. Con ello, se evitará al menos que, si finalmente el conflicto llega al Tribunal Constitucional y la ley queda en suspenso, haya víctimas concretas que vean anulado su reconocimiento.

La ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999 fue una de las normas estrella del final de la legislatura pasada y venía a cerrar el círculo del reconocimiento a todas las víctimas provocadas por la violencia en las últimas décadas. La norma fue aprobada el 28 de julio en el Parlamento Vasco con los votos de PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu, que la consideró insuficiente, y el rechazo de PP y UPyD.

El Ministerio de Interior ya advirtió entonces que consideraba que algunos preceptos podían vulnerar la Constitución, y el Gobierno central anunció el martes al Ejecutivo de Urkullu su intención de presentar un recurso ante el TC. El conflicto judicial se podría evitar, no obstante, si la comisión bilateral entre gobiernos acuerda los cambios necesarios para que ambos ejecutivos la interpreten como sujeta a derecho.

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