Diario Vasco

Víctimas del robo de bebés piden acceso a los registros para «conocer la verdad»

Bebé en una incubadora
Bebé en una incubadora / Carlos Rodríguez
  • Denuncian una dificultad inexplicable para investigar lo ocurrido y reclaman tanto un reconocimiento del daño como más implicación de las administraciones para aclarar estos casos, que podrían ser cientos de miles

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Paloma fue vendida a un matrimonio en 1957. Quince años después, a Aurora le robaron a su hijo recién nacido y le dijeron que había muerto. Ambas son víctimas de los casos de robos de bebés y a día de hoy siguen pidiendo el "acceso a la documentación" que les permita conocer su "verdadera" historia. Durante las jornadas "Los bebes robados", celebradas este lunes en la Universidad Carlos III, de Madrid, las víctimas han tenido la oportunidad de contar su historia, de la que algunos capítulos todavía están en blanco.

No entienden por qué es "tan difícil" investigar estos crímenes y piden a la autoridad competente que les facilite la documentación pertinente para que puedan conocer qué es lo que ocurrió "en realidad".

En un descanso de la jornada, Paloma cuenta que al nacer le entregaron a otra familia cuyo bebé acababa de morir y que, incluso, llegaron a simular un parto falso. La Justicia ha dado su caso por cerrado argumentando la prescripción de los delitos y, pese a que ha encontrado a su verdadera madre, Paloma no ha restituido su dolor. "Pedimos que se reconozca el daño que se nos hizo, que nos pidan perdón y que nos ayuden a conocer la verdad", explica.

El caso de Aurora es distinto: le dijeron en 1972 que su hijo murió al nacer, pero a día de hoy sigue preguntándose cuál fue la causa de la muerte. Tiene claro que le robaron a su bebé, "vivo o muerto", y por eso esta argentina se ha trasladado a España, donde lleva siete meses investigando.

Solo dos denuncias han prosperado

Casos similares se han ido sucediendo desde la posguerra española, período en que la cifra de niños robados asciende a 30.000 y a probablemente "centenares de miles" en los años posteriores, como ha subrayado el fiscal del Tribunal Supremo en excedencia Carlos Castresana. Lo importante para esta investigación, según el fiscal, es "buscar patrones de conducta en los casos, que son fundamentales para la calificación jurídica de los delitos y para ver si son o no amnistiables".

Ha lamentado Castresana que, de 2.083 denuncias por casos de bebés robados, solo dos hayan prosperado hasta ahora y ha asegurado que las detenciones ilegales "no prescriben ni son objeto de amnistía". La secretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Teresa Parejo, ha coincidido con él y ha apuntado que "las trabas y las dificultades en la investigación" son una constante a día de hoy.

Por ello, la alcaldesa de Getafe y secretaria general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Sara Hernández, ha celebrado la aprobación de la Asamblea de Madrid de una proposición no de ley que "establece obligaciones a la Administración para prestar apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas", como la creación de una Comisión que garantice el acceso a documentación. Aunque no es vinculante, esta propuesta evidencia un paso más para que "las Administraciones públicas cumplan su papel en la restauración de derechos", ha sentenciado Hernández.

Otros expertos, como el investigador Francisco González de Tena, han subrayado la "necesidad de un programa de acompañamiento psiquiátrico para las víctimas" de una causa muy lenta, sobre todo al tener en cuenta que se busca a "personas sin identidad que formalmente no existen". En definitiva, todos ellos han coincidido en la posibilidad que brindan estas jornadas para difundir la investigación de muchas familias y profesionales a la hora de "dar una visión global del asunto y avanzar para que se conozca la verdad".

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