Diario Vasco

El Gobierno andaluz pide cárcel por vez primera para un exconsejero por el caso ERE

Antonio Fernández.
Antonio Fernández. / Archivo
  • Acusa al exresponsable de Empleo de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por validar una ayuda con 'intrusos'

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía mantienen que no hubo una decisión política para dar las ayudas a empresarios afines en el caso de los ERE fraudulentos, de ahí que pidan archivar la denominada pieza politica que afecta a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos. Pero otra cosa es el papel que pudieron jugar algunos de esos dirigentes públicos en la concesión de determinadas ayudas. Por eso ahora el ejecutivo andaluz solicita por vez primera una condena de cárcel para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por su participación en una ayuda a una empresa sevillana en la que se detectaron intrusos.

Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, aunque antes fue viceconsejero del mismo departamento y uno de los firmantes del convenio marco que, desde 2001, amparó la forma de pagar ayudas mediante transferencias de financiación, la fórmula que permitía eludir los controles y actuar con total discrecionalidad. Gaditano, durante mucho tiempo fue considerado uno de los pesos pesados del PSOE-A dentro del ejecutivo, y el encargado de extinguir cualquier conato de rebelión laboral que perturbara la pax social en Andalucía. La fórmula para apagar esos fuegos, entiende el juzgado, era con ayudas públicas.

Pero desde que estalló el caso ERE, Fernández cayó en desgracia, toda vez que la Junta de Andalucía ha insistido en limitar cualquier responsabilidad en el caso al área de Empleo. Así, sus abogados, personados como acusación particular en las causas ya abiertas, solicitan seis años y medio de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una multa de 817.180,37 euros para Fernández por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Acyco.

También acusan a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para quien pide cinco años de prisión y 27 de inhabilitación por los mismos delitos, o el sucesor de éste, Juan Márquez, para quien se piden tres años de prisión y 13 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Asimismo, se reclama que los nueve encausados indemnicen a la Administración autonómica de manera solidaria con un total de 612.884 euros.

El escrito de acusación justifican esta petición a un exalto cargo del Gobierno regional en que Fernández conoció y fue consciente del protocolo firmado por Guerrero y el responsable de la empresa para suscribir una regulación de plantilla con cargo a los fondos públicos, en la que se incluían dos personas ajenas a la empresa, vinculadas al propio Guerrero, y una tercera que seguiría trabajando en la sociedad.

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