Finaliza la tercera pieza de los ERE con seis ex altos cargos procesados

Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo. /
Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo.

El juez imputa los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación a los acusados

AGENCIASSEVILLA

El juez de instrucción Álvaro Martín ha concluido la tercera pieza del caso de los ERE con 16 procesados, seis de ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de Surcolor, dos de ellos trabajadores "intrusos".

En un auto, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla imputa los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación a los acusados, los mismos que en las otras dos piezas finalizadas de los ERE, un caso que la juez Mercedes Alaya empezó a instruir en 2011.

En la tercera pieza, el juez procesa a los ex altos cargos Antonio Fernández, consejero de Trabajo; al viceconsejero Agustín Barberá; a los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, y al exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas. Los cinco primeros están también procesados en las otras dos piezas acabadas: la de Acyco (empresa que recibió 3,2 millones) y en la denominada política, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Resoluciones dictadas "del modo más grosero"

Anticorrupción pide investigar por otra ayuda a Fernández y Viera

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, que cite a declarar como investigados (antes imputados) a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera por la ayuda concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S.A..

En un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público también solicita a la magistrada que acuerde recibir nueva declaración como investigados "por su concreta participación en estos hechos" al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y a otras tres personas relacionadas con esta ayuda.

Anticorrupción, en este sentido, interesa que, una vez dictado el auto acordando lo solicitado, "sea inmediatamente notificado personalmente, a través de la Guardia Civil, a los investigados, con la finalidad de evitar el riesgo de prescripción, habida cuenta de la fecha en la que se produjo el último pago de la ayuda por parte de la Junta de Andalucía".

En este escrito fechado el 4 de octubre, la Fiscalía realiza esta petición una vez la Guardia Civil ha presentado su atestado sobre las ayudas recibidas por Yogures Andaluces S.A., concedida mediante convenio de fecha 19 de julio de 2001 y pagada en su totalidad en fecha 9 de octubre de 2001. Por ello, pide a la juez instructora que dicte un auto "en el que se recojan los hechos descritos por la fuerza actuante" y cite como investigados a un total de siete personas, entre ellas los tres ex altos cargos de la Junta citados, todos los cuales se encuentran ya imputados en la causa.

En la pieza de Surcolor, el juez considera que existe "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos".

De esta forma, el juez se refiere a la inclusión en el ERE de dos "intrusos" o trabajadores que nunca trabajaron en la empresa, que también están imputados. Uno de ellos es Juan Manuel López, militante del PSOE y esposo de una concejal socialista de Camas (Sevilla), al que se le pagaban 1.200 euros al mes, y el otro José Antonio Márquez, concuñado del delegado de Empleo Antonio Rivas, con una asignación de 1.300 euros mensuales.

El magistrado reprocha a los imputados que dictaran "resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones".

En Surcolor, el juez también incluye al 'conseguidor' Juan Lanzas, que medió para incluir a los dos "intrusos" y para firmar la póliza para pagar a los trabajadores; a dos directivos de la empresa, Manuel Rafael Castilla y Antonio Manuel Bustamante, y al testaferro Juan Francisco Algarín, que permitió a Lanzas cobrar 118.752 euros.

Además, el juez acusa al abogado Carlos Leal como miembro de Estudios Jurídicos Villasís, empresa que recibió 20.000 euros como gestor de los despidos y de la ayuda sociolaboral y que calificó como "práctica habitual" la inclusión de intrusos, según el juez.

El instructor también acusa a los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo por participar en la gestión de la póliza de seguro firmada, a pesar de carecer de autorización para ejercer como correduría de seguros, y de los cálculos para los intrusos, lo que conocía otro imputado, el sindicalista José Hurtado.

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