Diario Vasco

El Gobierno central exige anular el nombramiento de los 250 ertzainas de la última OPE

El lehendakari Iñigo Urkullu y y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, junto con los miembros de la última promoción de la Ertzaintza.
El lehendakari Iñigo Urkullu y y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, junto con los miembros de la última promoción de la Ertzaintza. / DV
  • La Abogacía del Estado solicita al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ejecute la sentencia que consideraba ilegal la convocatoria del Departamento de Seguridad

El Gobierno central ha abierto la caja de los truenos en plena campaña electoral al solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ejecute la sentencia por la que se declaraba ilegal la última Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Ertzaintza. Esta decisión jurídica abre una batalla judicial sin precedentes que dibuja un oscuro futuro a los 250 agentes de la 25 promoción que salieron a la calle el pasado mes de julio. Todos ellos han superado todas las pruebas de la Academia de Arkaute, por lo que ya solo les queda pasar la fase de prácticas para conseguir la condición de funcionarios policiales.

Pero este conflicto también afecta de lleno a la situación política vasca ya que el PNV había utilizado la sentencia, impulsada por un recurso del Ministerio de Hacienda, para denunciar el «afán centralizador» del PP y exigir el cese del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo.

Los agentes afectados pertenecen a la OPE que se convocó en 2015 por el Departamento de Seguridad para completar la plantilla de la Policía vasca. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Abogacía del Estado, presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al entender que no se habían respetado las directrices presupuestas establecidas desde el Gobierno central, en especial, la que limita la tasa de reposición de funcionarios. El pasado mes de junio, el TSJPV hizo pública la sentencia en la que daba la razón al Gobierno de Madrid y estimaba que la Administración vasca se había excedido en sus competencias, por lo que debía anularse la convocatoria.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu anunció entonces que recurriría la sentencia, en el convencimiento de que la convocatoria era legal y por lo tanto debía mantenerse la planificación de los estudios de los 250 agentes y así acabarían adquiriendo la condición de funcionarios. La solicitud de una ejecución de sentencia por parte de la Abogacía del Estado implica, en el que caso de que los tribunales den la razón al Ministerio de Hacienda, que la convocatoria es nula, al igual que todos los nombramientos que han derivado de ella.

Por lo tanto, los agentes en prácticas perdieran en su condición y, en la práctica, sería como si nunca hubieran participado en el proceso selectivo. Los jueces también pueden estimar el recurso del Ejecutivo autónomo, lo que alargaría los plazos hasta que la situación se resuelva.

Según fuentes conocedoras de la situación, la decisión ha sorprendido al Gobierno vasco, que esperaba que antes de solicitarse la ejecución de sentencia se plantease algún tipo de negociación política con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para buscar una resolución a este conflicto.