Diario Vasco

Amnistía Internacional pide reparar por igual a las víctimas de ETA y de torturas policiales

  • También solicita a las autoridades que colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes «de graves abusos y violaciones a derechos humanos durante las últimas décadas» en el marco de la lucha antiterrorista

Amnistía Internacional ha elaborado una agenda con siete medidas para que las impulsen los grupos políticos que se presentan a las elecciones vascas como garantizar por completo el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidos los GAL. Igualmente pide asegurar dicho acceso «a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos y un reconocimiento público del daño causado por los mismos en el contexto de la lucha antiterrorista».

Amnistía Internacional lamenta la existencia de atentados de ETA que pueden no haber sido suficientemente investigados o algunos casos en los que las víctimas no han sido adecuadamente identificadas. También solicita «que las autoridades, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, incluyendo las judiciales, realicen y colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes de graves abusos y violaciones a derechos humanos durante las últimas décadas y se haga lo posible para procesar a quienes han eludido la acción de la justicia».

Estima que hay que continuar avanzando en las iniciativas que ya han dado comienzo en el País Vasco «en la sistematización de toda la información disponible sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos entre 1960 y 2011» y que hay que pedir al Gobierno central que también recoja y publique datos oficiales detallados y desglosados. Por otra parte reclama instar al Gobierno central a revisar la legislación antiterrorista española, en concreto el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas».

Asimismo plantea que se revise la Ley de Partidos «para eliminar las ambigüedades que pudieran dar lugar a emprender procesos de ilegalización de formaciones que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica». También propone garantizar a través de una revisión de la política penitenciaria por parte del Gobierno central que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, «según marcan los principios de Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión».