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arantza gonzález egaña
Jueves, 28 de abril 2016, 14:32
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La futura ley de reparación y de reconocimiento de víctimas causadas en contextos de represión ilícita entre 1978 y 1999 contempla indemnizaciones para una horquilla de afectados que iría desde los 315 a los 447, lo que no significa, sin embargo, que el resto no sean reconocidas sino que no estarían encuadradas en los supuestos para recibir indemnización.
El proyecto de ley que fue aprobado el pasado martes por el consejo de Gobierno y remitido al Parlamento Vasco ha tenido este jueves su presentación oficial de la mano del secretario de Paz y Convivencia el Gobierno Vasco, Jonan Fernández, que ha explicado en San Sebastián que el objetivo de esta norma es reconocer a las víctimas que no están reconocidas como son los casos emblemáticos de Lasa y Zalaba, Mikel Zabalza, Yolanda González o Gladis del Estal, entre otros de los muchos que se proponen estudiar.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu tratará de llegar hasta la última de las víctimas de los abusos policiales de finales de los 70 hasta 1999 y para ello contempla un gasto en ayudas económicas estimadas en 12 millones de euros repartidos en cuatro años, desde 2017 a 2020.
Jonan Fernandez ha expuesto que la ley permitirá así abordar casos como los citados, que con el anterior decreto de 2012 no se podía, como son los de los famosos incontrolados, acciones supuestamente de extrema derecha en algún caso que no había manera de calificarlos en ningún territorio.
La ley contempla además la creación de una comisión de valoración que contará con nueve miembros, tres de ellos médicos peritos forenses, así como otros tres expertos nombrados por el Gobierno Vasco y un número similar de designados por el Parlamento Vasco.
Esta comisión tendrá el cometido de valorar y proponer cuando proceda, la declaración de la condición de víctima. Su función se centrará en valorar los daños, lesiones o secuelas. Según Fernández, la misión de este equipo no es el esclarecimiento penal de los hechos que los produjeron o de su autoría, algo para lo que no tiene competencias, ni se pretende.
El Ejecutivo vasco confía en que la ley pueda ser aprobada esta legislatura y para ello espera poder contar con el apoyo de las cuatro grandes fuerzas en la Cámara de Vitoria, PNV, EH Bildu, PSE y PP, como ya ocurrió con los anteriores decretos.
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