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DV Y AGENCIAS
Sábado, 16 de enero 2016, 08:44
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El exdirigente de ETA Aitor Elizaran, que había quedado libre a raíz de su expulsión de Francia el 4 de diciembre, quedó ayer en libertad con medidas cautelares tras comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional. Tras su comparecencia en el juzgado junto a su abogada, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a petición de la Fiscalía, le dejó en libertad provisional con comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de abandonar el territorio español, retirada del pasaporte y la obligación de facilitar un domicilio y teléfono en el que poder ser localizado.
Al no haber podido ser localizadas ayer las acusaciones personadas en la causa abierta en este juzgado contra él y otros cuatro exdirigentes de la banda por presuntos delitos de lesa humanidad, la juez ha citado a todas las partes el próximo martes para tomar declaración a Elizaran, para quien uno de los abogados de la acusación ya ha anunciado su intención de reclamar su detención.
Ante la posibilidad de que alguna de las partes reclame su ingreso en prisión, la juez anticipa que se celebrará entonces una vistilla para la adopción de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Al ser informado de que había quedado en libertad tras su expulsión de Francia, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se encontraba de guardia esa semana, dictó al día siguiente una orden de detención y busca y captura contra él. Ahora, la juez deja sin efecto el auto de arresto de De la Mata, al asegurar que la situación «ha cambiado en este momento» puesto que el expreso ha comparecido voluntariamente, ha designado domicilio y se han practicado las diligencias que quedaban pendientes.
La magistrada añade que «no debe olvidarse que hasta el día de hoy (por ayer) no se había notificado al citado procesado la existencia del presente procedimiento y tampoco había sido citado por este juzgado, por lo que no puede afirmarse con rotundidad que la intención del mismo fuera sustraerse a la acción de la justicia». El colectivo Dignidad y Justicia consideró «una vergüenza» su puesta en libertad.
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