Maroto denuncia que el rechazo del Gobierno Vasco supone «una tomadura de pelo»

El Gobierno vasco ha expresado este martes su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al considerar que su aceptación dejaría "fuera del sistema de protección" a los sectores más "débiles" de la sociedad. El Ejecutivo considera que cualquier cambio en la RGI debe ser para "garantizar a las personas que peor lo están pasando unos recursos mínimos para llevar una vida digna".

La ILP plantea excluir de la RGI a diversos colectivos, entre ellos a las personas sin permiso de residencia, a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi y a quienes hayan cometido determinados delitos. Además, contempla modificar el tratamiento del patrimonio, con el fin de no generar "desigualdades" en el acceso a esta prestación.

Maroto, que fue el impulsor de esta iniciativa --posteriormente asumida por una plataforma ciudadana-- ha denunciado, a través de un comunicado, que la decisión del Ejecutivo es una "tomadura de pelo". Según ha asegurado, el rechazo a la ILP supone "tirar a la papelera" las más de 37.000 firmas que apoyaron esta iniciativa y "dar la espalda" a los ciudadanos que respaldan la propuesta.

"Nuestra propuesta no pretende hacer recortes, solo pretende eliminar el fraude y el abuso que conocemos todos", ha manifestado Maroto. El fraude en la percepción de estas prestaciones se sitúa en el 0,3 por ciento, según las estadísticas oficiales.

El dirigente del Partido Popular ha asegurado que la iniciativa tiene el objetivo de lograr unas ayudas "más justas", algo que constituye "un deber moral".