La familia de Jon Anza demanda a Francia por su gestión de la muerte del etarra

Tres de sus familiares reclaman 50.000 euros cada uno ante el Tribunal de Gran Instancia de París por los supuestos fallos de Francia ante lo sucedido, ha indicado este viernes en una conferencia de prensa en Bayona su abogada, Maritxu Paulus-Basurco.

El etarra fue hallado el 29 de abril de 2009 en una calle de Toulouse en parada cardiorrespiratoria y, tras ser reanimado, fue ingresado en el Hospital de Purpan, donde falleció el 11 de mayo, pero hasta marzo de 2010 no se informó de que en el depósito se intentaba identificar un cuerpo que podía pertenecer a Anza, lo que se confirmó días después. "Más allá de la condena financiera, es necesario que el Estado francés reconozca sus fallos", ha indicado la letrada.

El portavoz de Sortu en el País Vasco francés, Jean-François Lefort, ha expresado en ese mismo encuentro su deseo de que el proceso "suponga un nuevo paso en la búsqueda de la verdad", dado que, en su opinión, esos supuestos fallos "no son una casualidad (...) y es evidente que alguien estuvo detrás para encadenarlos".

A petición de la familia de Anza, la Fiscalía de Bayona abrió una información judicial el 18 de mayo de 2009 por "desaparición preocupante", antes de que la banda terrorista ETA acusara dos días más tarde a la policía española de la desaparición de su militante. Después de tres años de instrucción, la juez de Toulouse encargada del caso lo clasificó en 2013, no sin antes destacar las disfunciones administrativas existentes.

El etarra fue detenido por primera vez en diciembre de 1982 por su pertenencia al comando "Lau Haizea" y pasó veinte años en prisión en España. Tras su excarcelación se trasladó a la localidad francesa de Ahetze, donde residía desde finales de 2005 mientras trabajaba en una empresa de Hendaya.