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El PP no puede documentar que echara a Bárcenas en 2010

El PP no puede documentar que echara a Bárcenas en 2010

La defensa del extesorero defiende la improcedencia del despido porque no hubo “simulación en diferido” del finiquito

Mateo Balín

Viernes, 11 de julio 2014, 00:20

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El PP y Luis Bárcenas han vuelto a verse las caras hoy en los juzgados. Esta vez por el despido del extesorero del partido. El debate jurídico se ha centrado en el momento en que las partes rompieron su relación laboral. La defensa del PP ha argumentado que en abril de 2010 se llegó a un mutuo acuerdo para extinguir el contrato, mientras que el abogado de Bárcenas rebatió que siguió cobrando y cotizando a la Seguridad Social hasta enero de 2013.

Este alegato no fue negado por la defensa del PP, que ha admitido que tuvieron un problema para finiquitar el contrato de Bárcenas, pero no quisimos tenerlo con Hacienda ni con la Seguridad Social, por eso cotizamos por él. El letrado añadió que por un error administrativo se le pagó la nómina del mes de enero de 2013, pero que desde abril de 2010 se rompió la relación laboral entre ambos.

No se puede extinguir en 2013 lo que ya se extinguió por las dos partes en abril de 2010. Lo que se le debía a Bárcenas está abonado. Él solo quería aprovecharse y aparentar una relación laboral que no existía, ha señalado el letrado popular a la titular del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid.

Confusión

Asimismo, el defensor del PP aseguró que en esos 33 meses de pago en diferido con simulación de renta se abonaron 719.502 euros brutos al extesorero, de los que la Seguridad Social se quedó con cerca de 300.000. No se trató de una simulación diferida en fraude de ley, como algunos han tratado de confundir, ha asegurado.

Por su parte, el abogado de Bárcenas ha defendido que la relación laboral se mantuvo hasta enero de 2013, que no hubo despido en diferido en abril de 2010 y que el pacto no documentado que defiende el PP incluía pago del seguro sanitario, despacho o chófer, lo que demuestra que el vínculo laboral se mantuvo. Por ello reclama 905.000 euros por el despido improcedente.

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