MADRID. El ministerio de Medio Ambiente dictó ayer una resolución por la que se regula el uso público y las condiciones de seguridad de la piscina de la casa del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en Mallorca, y que contó con la oposición de todos los grupos políticos

La ministra Cristina Narbona aseguró que esa regulación no supone «una legalización» de la instalación, porque tiene una concesión administrativa que le otorgó, en la época en que era ministro, Jaume Matas.

En esa concesión, precisó Narbona, «se dice que ésa es una piscina que debe tener un uso publico» y el Ministerio lo ha establecido «teniendo en cuenta» que debe estar «sometido a determinados criterios de seguridad» por razones que les han pedido «desde el ministerio del Interior, y que son inherentes a esa persona que es titular de la piscina».

Fue el propio Ramírez el que sugirió las condiciones para el uso público de la piscina y lo hizo en una apuesta por los valores medioambientales «a pesar de las molestias que puedan suponer», según explicó el director de El Mundo.

Medio Ambiente, «teniendo en cuenta lo que decía la Abogacía del Estado y la Delegación del Gobierno sobre seguridad», le pidió una propuesta y él formuló «un proyecto de uso público real, para demostrar nuestra apuesta por los valores medioambientales y convertir un problema en una oportunidad», aseguró. La resolución del ministerio establece que durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre grupos de un máximo de diez escolares junto a un monitor podrán acceder, a través del domicilio de Ramírez, durante dos horas diarias a la piscina, que deberá reformar, dotar con un aseo, y mantener con personal a su cargo. El resto del año, él o quien determine podrá disfrutar en uso privativo de ella.

A Ramírez le parece «un poco surrealista que tanta gente importante se esté dedicando a hablar de una pileta en la que apenas caben entre 8 y 10 personas apretadas» y que no es «sino una de las miles y miles que hay en el litoral, con la diferencia de que esta es una de las pocas que es legal».

El 13 de agosto de 2005 un grupo de personas, entre las que se encontraban el diputado de ERC en el Congreso Joan Puig y el presidente de ERC en las islas Baleares, Joan Lladó, irrumpieron en la zona de la piscina argumentando que se trataba de un lugar público y mantuvieron un enfrentamiento con los escoltas del periodista y director de El Mundo.

El Supremo admitió a finales de junio de este año a trámite la querella que presentó entonces Ramírez contra Puig por los presuntos delitos de coacciones o de usurpación por la irrupción. «No había una demanda espontánea de los vecinos de venir aquí. Solo querían fastidiarme y coaccionarme», resumió Ramírez.

ERC aseguró ayer, en un comunicado, que «la legalización de facto» que ha hecho el ministerio de la piscina supone «un precedente gravísimo» de incumplimiento de la Ley de Costas. EFE