La Policía y la Audiencia Nacional investigan el posible blanqueo por ETA de parte de los beneficios obtenidos con el 'impuesto revolucionario' a través de una sociedad de inversión radicada en el paraíso fiscal europeo de Liechtenstein.

Los investigadores consideran que buena parte del dinero generado por las extorsiones a empresarios, y recaudado por la red que desde hace casi un mes desmantela la Audiencia Nacional, se transfirió a una sociedad de inversión en este paraíso fiscal para que más tarde, ya reintroducido en el circuito financiero legal, pudiese ser recuperado por la organización terrorista.

El juez Fernando Grande-Marlaska, en el auto que imputa un delito de colaboración con banda armada al dirigente del PNV Gorka Agirre, señala que Carlos Bellver Amare, un asesor fiscal -que ni ha sido detenido ni imputado por el momento- era el encargado de invertir una parte del dinero recaudado por la red de extorsión.

Según las fuentes consultadas, buena parte de este dinero se transfería a una sociedad de inversión ubicada en el citado paraíso fiscal, de la que la Audiencia Nacional tiene por el momento muy escasa información, pero sobre la que ya indaga por si pudiese ser el hilo conductor a los fondos de la organización. La ubicación del dinero de ETA es hasta ahora el secreto mejor guardado de la organización, pues ninguna operación antiterrorista ha logrado dar con sus bienes.

La operación contra el aparato de extorsión, iniciada el pasado 20 de junio, ha permitido a la Audiencia Nacional la incautación de bienes por valor de unos 700.000 euros a los detenidos y el bloqueo de más de medio centenar de cuentas bancarias en entidades españolas y francesas, de las que se investiga el origen de sus fondos.