SAN SEBASTIÁN. DV. El Grupo Noticias mostró ayer su «indignación y perplejidad» por la detención de su director editorial, Pablo Muñoz, que calificó de «atropello y ataque frontal al Estado de Derecho».

El consejo de administración y la dirección de los periódicos Diario de Noticias de Navarra, Diario de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa hizo público un comunicado en el que pone de relieve la «extrema gravedad» de este suceso «desde el punto de vista humano, ético y jurídico». El grupo destaca la «dilatada trayectoria profesional» de Muñoz, como «ejemplo de compromiso con la prensa libre y con la defensa de los derechos humanos y las libertades».

También critica que su arresto se haya realizado «sin más pruebas que la incierta y confusa declaración» de uno de los detenidos en la última operación ordenada por Fernando Grande Marlaska.

El grupo denuncia la «absoluta impunidad» con la que ha actuado un tribunal «excepcional» como la Audiencia Nacional. Según el comunicado, Muñoz ha sido arrestado en su casa y puesto en régimen de incomunicación «sin ni siquiera dar la más mínima información a sus familiares y sin asistencia letrada». Su despacho en la redacción del Diario de Noticias de Navarra también ha sido registrado.

«Si la finalidad última de la detención de una figura fundamental en el grupo es acallar su voz, ello supondría un intento de castigar una posición editorial que ha destacado y destaca tanto por su firmeza en la radical denuncia de la vulneración de los derechos humanos más básicos que implica el uso de la violencia y la extorsión, como por su visión crítica e indómita del abuso del poder político o, como en este caso, judicial», sostiene el consejo de administración y la dirección de los periódicos.

«Dañar por dañar»

Muñoz publicó un artículo el pasado sábado en los diarios del grupo, tras conocer su inclusión en el auto de Grande-Marlaska, en el que aseguraba no haber participado «jamás en ninguna intermediación por la extorsión de empresario alguno». El periodista calificó de «inmoral e injustificable negociar, facilitar o amparar el pago de cantidad alguna a ninguna organización terrorista». En su escrito, titulado «Dañar por dañar», Muñoz subrayaba: «He denunciado con la mayor sinceridad, convicción y contundencia la extorsión a los empresarios y he defendido con energía a cuantos han sido víctimas de esa coacción».

El Grupo Noticias hace suyas «desde la primera hasta la última palabra» de esta declaración. Por último, el grupo editorial agradece las «innumerables muestras de solidaridad, apoyo y calor» recibidas, tras la detención de su director.

El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, calificó de «sorprendente» la detención de Muñoz y apeló al «rigor en la investigación, al rigor en el procedimiento y al rigor en el tratamiento de esta cuestión que viene a afectar al ánimo en la interpretación del proceso y contexto en el que vivimos en la sociedad vasca».

En un comunicado, EA señaló que las detenciones «inciden en la línea de actuación perturbadora de determinados sectores de la justicia para intentar dinamitar el proceso de paz». La formación de Begoña Errazti exigió que se respete la presunción de inocencia de Iruretagoiena y Muñoz, «que están siendo objeto de un sumario con un claro impulso político, lo cual hace un flaco favor a la justicia y vulnera las normas básicas de un Estado de Derecho».

En San Sebastián, los grupos municipales PNV y EA de San Sebastián manifestaron su «perplejidad» ante la detención de Muñoz, porque se trata de un hecho «muy grave que no ayuda a afianzar el incipiente proceso de paz».

«Víctimas»

El coordinador de EB en Gipuzkoa, Antton Karrera, expresó el «estupor y desconcierto» de su formación por las detenciones y apeló al respeto a «la presunción de inocencia». Karrera reclamó a la justicia que actúe «sobre criterios objetivos», porque «la experiencia demuestra que este tipo de actuaciones quedan en agua de borrajas habiendo provocado un daño moral irreparable» a los implicados, que en este caso «se han desmarcado de forma inequívoca de la violencia». A su juicio, los que han pagado el impuesto revolucionario «son víctimas del terrorismo y los que han realizado tareas de mediación lo han hecho por razones estrictamente humanitarias». «Ni unas ni otras pueden, ni deben, ser víctimas de la justicia», sostuvo Karrera.

Por su parte, Aralar difundió un comunicado en el que mostró su solidaridad con los dos detenidos. Aralar pide su puesta en libertad ya que «no merece ninguna credibilidad» la operación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y que ahora está completando Baltasar Garzón.