MADRID. DV. La Policía Nacional detuvo ayer en San Sebastián y Zestoa por orden del juez Baltasar Garzón a dos personas a las que el magistrado acusa de actuar como intermediarios en la red de cobro del 'impuesto revolucionario' de ETA que la Audiencia Nacional desmantela desde el 20 de junio. Garzón mantiene imputados como miembros de la red de extorsión de ETA en España y en el sur de Francia a catorce personas -sin contar los detenidos ayer- y a dos empresarios navarros del sector de la construcción, que presuntamente aceptaron el chantaje de la organización terrorista después del alto el fuego.

Los detenidos son Pablo Muñoz, de 65 años, ex director de Egin y actual director del periódico navarro Diario de Noticias y de Noticias de Gipuzkoa. y Jesús Iruretagoiena de la Fuente, de 66 años. El segundo de los arrestados fue condenado en 1981 por colaborar con ETA y ha estado vinculado a la organización terrorista en sus diferentes etapas históricas, especialmente con el cobro del denominado 'impuesto revolucionario', según un portavoz del Ministerio del Interior.

El juez Fernando Grande-Marlaska, que precedió a Garzón en la instrucción judicial, incluyó a Muñoz e Iruretagoiena en la lista de once intermediarios supuestamente vinculados a la red de extorsión de ETA en España, de los que ya están todos detenidos salvo Juan Carlos Iriarte Pérez y Justo Azkue Zaldua. El magistrado indicó que los presuntos intermediarios, liderados por Joseba Elosua desde el bar Faisán de Irun, tenían como cometido «ponerse en contacto con el extorsionado, activar procesos de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar recibos, poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones dinero».

Muñoz fue arrestado en San Sebastián e Iruretagoiena en Zestoa, donde los agentes policiales registraron sus domicilios e intervinieron diversa documentación que en estos momentos analizan. Por la tarde, la Policía registró el despacho de Muñoz en la sede de Diario de Noticias, en la localidad navarra de Huarte. Los arrestados, acusados de colaboración con banda armada, fueron trasladados a las dependencias centrales del Servicio de Información en Madrid y en las próximas horas serán puestos a disposición de Garzón, en la Audiencia Nacional.

Los investigadores consideran que Muñoz «realizó funciones de mediación entre empresarios navarros y la red de extorsión etarra por encargo de otros miembros ya detenidos del grupo», según señaló Interior, por lo que la Policía concluye que «forma parte de esta estructura».

Las fuentes policiales indicaron que hay grabaciones de conversaciones de los imputados en las que se le cita como un intermediario y que otro de los detenidos, Jean Pierre Harocarene, que dijo ser su amigo, señaló que Muñoz intermediaba en el pago de una extorsión por el empresario navarro J. Martikorena. El pasado fin de semana, Muñoz, nada más conocer que la Audiencia Nacional le incluía en sus autos, negó las acusaciones. «Jamás he participado en ninguna intermediación por extorsión de empresario alguno», afirmó, y añadió que considera «inmoral e injustificable negociar, facilitar o amparar el pago de cantidad alguna a ninguna organización terrorista».

'Habeas corpus'

El Ministerio de Interior cree que las investigaciones han permitido acreditar que Iruretagoiena es «la persona de contacto para intermediar, en representación de la red organizada de extorsión de ETA, en el cobro de las extorsiones a los empresarios de su zona de asentamiento», el área de Zumaia y poblaciones limítrofes

Los familiares de Jesús Iruretagoiena solicitaron el 'habeas corpus' para el arrestado, debido a su delicado estado de salud. Según informó Askatasuna, Iruretagoiena, de 66 años, fue intervenido quirúrgicamente el pasado sábado para que se le implantase una prótesis en la rodilla. Tras la operación, ayer se le había dado el alta cuando fue arrestado.

Los familiares señalaron que Iruretagoiena tiene desde hace un año una prótesis en la otra rodilla y que además sufre hipertensión y apnea. Preocupados por su estado de salud, sus familiares solicitaron que el preso pase ya a disposición judicial y que no continúe en régimen de incomunicación.

La detención, según Askatasuna, se produjo a las once de la mañana cuando Iruretagoiena viajaba en coche con su mujer. En ese momento unos policías de paisano les pararon y mostraron la orden de arresto. Los agentes contaban también con la orden para registrar un garaje de Zestoa que pertenece al hijo de Iruretagoiena.

Mientras se producían las detenciones en Gipuzkoa, Garzón citó en su despacho a la mujer y al hijo de Joseba Elosua, para realizar una diligencia dentro de la pieza separada que investiga la posibilidad de que miembros de la Policía Nacional se pusiesen en contacto, el pasado 4 de mayo, con el cabecilla de la red de extorsión en España y le contasen la operación policial que se iba a ejecutar. Los micrófonos instalados en el coche de Elosua captaron cómo explicaba a su cuñado que el 4 de mayo una persona le esperó junto a la puerta de su casa de Irun, le dio un teléfono móvil a través del cual una segunda persona le contó que era vigilado y que la justicia iba a ordenar su detención y la de todos sus colaboradores.

Garzón, con presencia del fiscal, mostró a la mujer y al hijo de Elosua un 'taco' de fotografías de miembros de la Policía implicados en la investigación antiterrorista. Según las fuentes consultadas, los dos imputados negaron conocer a ninguno de los agentes. La misma prueba de identificación se repetirá mañana con el propio Elosua, que aunque ayer fue trasladado de la cárcel a la Audiencia Nacional no pudo declarar al no estar presente su abogado.

Equivocación

La presencia de Elosua en la Audiencia Nacional fue conocida por los medios de comunicación gracias a un error cometido por los policías que custodian a los detenidos en los calabozos de esta sede judicial. Los agentes le introdujeron en el juicio que se estaba celebrando contra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, por el asesinato de un policía en 1991 confundiéndole con el etarra Raúl Alonso Álvarez, que estaba citado como testigo, lo que provocó una situación confusa en la Sala.

El incidente se produjo por un error en la identificación de ambos en los calabozos de esta sede judicial, que ayer contaba con 58 presos en once celdas. En la vista oral, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, llamó a declarar al miembro de ETA Raúl Alonso Álvarez, condenado por estos hechos, en el turno de los testigos, y Joseba Elosua, que se encontraba en la Audiencia Nacional para un reconocimiento fotográfico, entró en la sala esposado y custodiado por varios policías.

«¿Usted está condenado por el asesinato de José Manuel Cruz Martínez?», le preguntó Guevara. A continuación, Elosua le replicó: «No, aquí se está produciendo un error». «No conozco a ese señor y nunca he estado en Barakaldo», insistió Elosua al tribunal, quien finalmente le preguntó: «¿Usted es Raúl Alonso Álvarez?». «No, soy Joseba Elosua», contestó. Al percatarse del error cometido, el juez solicitó a los agentes que se lo llevasen de nuevo y pidió que trajesen a Alonso Álvarez para el interrogatorio. COLPISA