La autorización de la entrevista entre el PSE y Batasuna ha sido la primera decisión de calado que el juez Baltasar Garzón ha tomado desde su incorporación, el sábado pasado, al despacho de la Audiencia Nacional, tras casi un año y medio de excedencia para dar clases e investigar en la Universidad de Nueva York.

El contenido del auto, del que no trascendió rumor alguno hasta su notificación oficial sobre las dos de la tarde, era muy esperado no sólo por las partes implicadas en el sumario judicial sino también por los partidos políticos y los medios de comunicación. Todos tenían curiosidad por conocer cuál va a ser la postura del juez instructor sobre el papel público que puede jugar la ilegalizada Batasuna en los próximos meses, tras el alto el fuego y con todas las actividades del partido proscrito suspendidas desde enero. Unos y otros quieren saber si Garzón será el juez implacable con el entorno político y social de la organización terrorista o si, como ya insinuó hace varias semanas, tendrá en cuenta la ausencia de asesinatos y el inicio de un proceso para el fin del terrorismo.

El auto de ayer es demasiado concreto para poder determinar si Garzón va a ser tan contundente en la aplicación de la suspensión de actividades de Batasuna como lo ha sido su sustituto desde marzo de 2005, Fernando Grande-Marlaska. La resolución sólo trata de aclarar si una entrevista política entre partidos es legal y no si actos directamente prohibidos por el auto como manifestaciones, homenajes o reuniones internas pueden ser permitidos. El juez, en todo caso, mantiene como hace cuatro años que «Batasuna es ETA» y asume como propias de forma explícita todas las resoluciones emitidas en los últimos meses por Grande-Marlaska, incluida la suspensión de actividades por dos años.