A cinco días de la solemne visita del Papa a Valencia, el destino ha marcado azarosamente a esta ciudad con una gran tragedia. El descarrilamiento del metro entre dos céntricas estaciones ha costado la vida a más de treinta personas y heridas graves a otras muchas. Los propios pasajeros supervivientes avisaron por sus teléfonos móviles de la catástrofe y casi desde el primer momento se descartó que el siniestro tuviera un origen terrorista. Las explicaciones iniciales del desastre han sido confusas. Primero se habló de un derrumbamiento del túnel, ya que el conductor del tren que seguía al accidentado observó una gran polvareda; más tarde, el portavoz del Gobierno valenciano y la alcaldesa de Valencia aseguraban que el suceso había sido fortuito; por último, el delegado del Gobierno afirmaba que el accidente se había debido a una combinación de exceso de velocidad y de la rotura de una rueda, mientras que los sindicatos ferroviarios manifestaban inmediatamente que hablar de fallo humano sin realizar un estudio serio y concienzudo supone una irresponsabilidad. La gravedad de lo ocurrido obliga a profundizar en los primeros indicios y a realizar una minuciosa investigación. Porque este siniestro tiene además un precedente: el pasado septiembre, cuando ocurrió un choque en la misma línea que causó heridas a 35 personas. Cuando se produce un accidente, no es aceptable asumirlo con conformismo, atribuyéndolo al margen de riesgo que siempre existe: en este caso habrá habido uno o varios elementos causales que es preciso desentrañar. Tanto para depurar las pertinentes responsabilidades personales y políticas, si las hubiere, cuanto para aprender de lo ocurrido y perfeccionar los sistemas de seguridad.