WASHINGTON. DV. La contundente sentencia emitida el jueves por el Tribunal Supremo -insistiendo en que el presidente, George W. Bush, rebasó su autoridad constitucional al ordenar pseudojuicios militares sin suficientes garantías para algunos de los detenidos en Guantánamo- no es el final de este trascendental pulso sobre las prerrogativas de la Casa Blanca en la lucha contra el terrorismo. La disputa se traslada ahora al Congreso federal, donde la Administración intentará aprovechar la actual mayoría republicana para conseguir una ley que autorice expresamente su estrategia punitiva.

Este cambio de tercio, en el contexto de las elecciones parlamentarias de noviembre, coloca a los demócratas en la delicada posición de respaldar plenos derechos a los 450 'combatientes ilegales' retenidos en la prisión extrajudicial de Guantánamo. Aún así, un abultado número de editoriales, análisis y reacciones coincide en que la Casa Blanca no puede seguir utilizando la guerra contra el terror para soslayar el escrutinio de otros poderes constitucionales y reglas del juego como las convenciones de Ginebra.

Estos reproches empiezan a quedar condensados en el argumento de que el 11-S nunca debió convertirse en una especie de cheque en blanco para el Ejecutivo. Aún así, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, quiere introducir un proyecto legislativo que «autorice las comisiones militares y apropiados procedimientos para enjuiciar a combatientes terroristas».