Las tesis del Gobierno Vasco no convencieron a los partidos constitucionalistas. El portavoz del PSE-EE, Miguel Buen, planteó la posibilidad de incorporar a los ayuntamientos al debate, ya que en muchas ocasiones acaban asumiendo de facto competencias forales o autonómicas.

«Si el criterio es no cambiar, a las diputaciones y a los ayuntamientos no les va gustar», advirtió el representante del PP. Antón Damborenea denunció que se mantengan «exactamente los mismos criterios» en el reparto de fondos entre instituciones, y lamentó que el Gobierno Vasco sólo plantee «parches como el ajuste del IVA» para intentar reducir desequilibrios.

Zenarruzabeitia replicó que reducir la aportación al Gobierno «en nada solucionaría los desajustes entre territorios, que se producen por los ajustes del IVA». Superar el desequilibro provocado por el ajuste del IVA de las llamadas operaciones asimiladas a la importación de productos como los hidrocarburos será, según dijo, uno de los retos principales de las negociaciones. Se pretende eliminar los desajustes en la recaudación de los impuestos especiales asociados a los hidrocarburos, tabaco y alcohol, puesto que el cambio de normativa en 2005 benefició a Vizcaya en detrimento de Gipuzkoa y Alava. Completarán el cuadro la reforma del IRPF, Impuesto de Sociedades y Fondo de Solidaridad.