SAN SEBASTIÁN. DV. Varios desconocidos entraron la noche del martes en el bar Faisán de Irun, que permanecía precintado desde el pasado viernes dentro de la operación policial contra la presunta red de extorsión de ETA. El establecimiento es propiedad de Joseba Imanol Elosua Urbieta, uno de los detenidos, que ingresó en prisión el pasado día 24 por orden del juez Fernando Grande-Marlaska.

Fuentes del Departamento vasco de Interior precisaron que la Ertzaintza recibió ayer por la mañana el aviso de que el precinto policial estaba roto. Los agentes que acudieron al barrio de Behobia, donde se encuentra el local, comprobaron que alguien había forzado varios barrotes de una ventana para acceder a su interior. Uno de los socios de Elosua comentó que tras el asalto no había echado en falta nada más que un poco de dinero

La Policía autónoma ha abierto diligencias para tratar de esclarecer el asalto al establecimiento. Según la investigación abierta por Grande-Marlaska, en el bar se recibía el dinero del llamado 'impuesto revolucionario' que pagaban los empresarios a ETA.

Por otra parte, Eloy Uriarte, Cristina Larrañaga y Ángel Iturbe, tres de los detenidos en la operación efectuada la pasada semana por las policías española y francesa contra el supuesto aparato de extorsión de ETA, ingresaron ayer en prisión tras declarar ante el juez en Francia, según informó Askatasuna. Este colectivo indicó que los abogados de los tres detenidos habían pedido el pasado domingo aplazar sus declaraciones ante el juez, que fijó la citación para el día de ayer. Uriarte y Larrañaga declararon al mediodía, e Iturbe lo hizo a primera hora de la tarde. Finalmente, el juez decretó el ingreso en prisión de todos ellos por supuesta pertenencia a la red de extorsión de ETA.

Uriarte y Larrañaga fueron procesados el pasado sábado por asociación de malhechores con fines terroristas y extorsión de fondos en banda organizada. Los jueces instructores antiterroristas que los procesaron y la Fiscalía habían pedido su ingreso en prisión, al igual que el de Ángel Iturbe, a quien fuentes de la lucha antiterrorista española han señalado como presunto jefe de la red de extorsión.

También el sábado, la justicia gala ordenó el ingreso en prisión preventiva de José Antonio Cau, en cuyo domicilio la Policía encontró el recibo, con fecha de este mes de junio, de un pago de 54.000 euros por empresarios que correspondía a una carta de extorsión enviada en 2001. En cambio, Julen de Madariaga, uno de los fundadores de ETA, también detenido en la redada, quedó en libertad bajo fianza y control judicial, tras ser imputado por asociación de malhechores con fines terroristas, financiación del terrorismo y complicidad en extorsión de fondos en banda organizada.