VITORIA. DV. La Comisión Arbitral rechazó ayer la admisión a trámite del recurso promovido desde la Diputación Foral de Alava, gobernada por el PP, contra el proyecto de Ley del Suelo al considerar que fue presentado fuera de plazo. La decisión, adoptada por unanimidad, permitirá que el pleno del Parlamento Vasco apruebe mañana, viernes, el proyecto con el voto del tripartito, PSE-EE y Aralar. A los populares sólo les queda ya la vía del Tribunal Constitucional para intentar anular en el futuro la iniciativa estrella del Departamento de Vivienda, lo que exige embarcarse en un proceso judicial que puede durar varios años.

La Comisión Arbitral es considerada en términos políticos como una especie de «mini Tribunal Constitucional a la vasca» para dirimir conflictos de competencias entre instituciones de la comunidad autónoma. Presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, cuenta con tres vocales del Gobierno Vasco: Iñaki Lasagabaster Errarte, Mario Fernández Pelaz y Edorta Cobreros Mendazona. Las diputaciones de Gipuzkoa, Vizcaya y Alava están representadas por José Manuel Castells Arteche, Andrés Urrutia Badiola y Fernando Campo Antoñanazas, respectivamente.

La ley que regula la Comisión Arbitral establece un plazo de veinte días para recurrir un proyecto de ley desde que entra en el registro de la Cámara vasca. El plazo acabó en octubre, pero la Diputación de Álava argumentó que no ha podido recurrir antes porque el proyecto original no recortaba competencias. Sus tesis no han sido tenidas en cuenta. El presidente del TSJPV aclaró que la ley de la Comisión Arbitral no regula expresamente el supuesto planteado por la Diputación alavesa. «Entendemos que no podemos suplir esa falta de regulación expresa por una decisión extensiva de la ley», indicó Piñeiro.

La Diputación Foral de Álava alegó dos motivos para recurrir ante la Comisión Arbitral el proyecto de ley del Suelo del Gobierno Vasco. El primero es que el artículo 91.1 otorga a los ayuntamientos con más de 7.000 habitantes la capacidad de aprobar sus planes de ordenación urbana, privando a las diputaciones de esta potestad recogida en la ley de Territorios Históricos (LTH). El otro motivo es que el punto segundo del mismo artículo permite a los ayuntamientos realizar informes sectoriales vinculantes en el diseño vial de cada territorio, lo que afectaría también al Estatuto.