La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia ha negado que existan razones para cambiar el reparto de la recaudación de los impuestos concertados entre el Gobierno Vasco y las diputaciones y ha defendido mantener la actual distribución: 70,44% para Lakua y 39,56% para las instituciones forales. Zenarruzabeitia ha sostenido que ambas administraciones tienen actualmente de "suficiencia financiera".

Zenarruzabeitia ha fijado de esta forma la posición del Ejecutivo de Vitoria de cara a las negociaciones para renovar la Ley de Aportaciones (ley que regula la reparto de los recursos generados por la recaudación de los tributos concertados que realizan las Diputaciones Forales). La Ley de Aportaciones vigente, cuya vigencia finaliza este año, establece la distribución anteriormente citada.

Las diputaciones forales vienen defendiendo desde hace varios meses la necesidad de modificar este reparto con el fin de aumentar los recursos que van a parar a sus arcas y reducir el dinero que recibe el Gobierno Vasco. Y basan su posición en el argumento de que las instituciones forales están viendo aumentar de forma significativa su gasto social para cubrir las necesidades, por ejemplo, de las personas mayores.

Esta posición, con matices, es compartida por Alava, Vizcaya y Gipuzkoa pese al diferente color de sus gobiernos, pero no parece sencillo que sus demandas vayan a encontrar una respuesta satisfactoria.

Y es que Zenarruzabeitia ha dejado claro hoy que la Ley de Territorios Históricos determina que la distribución competencial constituye el criterio básico para establecer el reparto de los recursos económicos entre Gobierno y diputaciones, y que dicha distribución no ha experimentado ningún cambio en los últimos cinco años. Por lo tanto, concluye, no hay motivos para que la nueva Ley de Aportaciones modifique los porcentajes de reparto.

"El artículo 22 de la Ley de Territorios Históricos determina que distribución de la recaudación tiene que hacerse en función de la distribución de competencias de acuerdo al ordenamiento vigente. En el último quinquenio no ha habido cambio en competencias y, por lo tanto, deberá reflejar esta realidad", ha explicado.

Suficiencia financiera

La vicepresidenta vasca ha reconocido que todas las instituciones precisan de más dinero para elaborar presupuestos más ambiciosos y mejorar sus servicios, y ha asegurado que el objetivo común debe ser "conseguir un buen acuerdo". Así, y tras indicar que el endeudamiento de las instituciones depende de su gestión, ha sostenido que las liquidaciones que publica el Eustat indican que todas tienen "suficiencia financiera".

Otro aspecto que tendrán que acordar Lakua y las instituciones forales será un sistema que elimine los desajustes provocados por la recaudación de los impuestos especiales asociados a los hidrocarburos, tabaco y alcohol. El cambio de normativa de principios de 2005 beneficia claramente a Vizcaya y perjudica a Alava y Guipúzcoa, y estos dos últimos territorios creen que la fórmula de compensación provisional acordada no basta.

Zenarruzabeitia se ha referido a esta materia y ha abogado por cerrar un acuerdo entre las diputaciones antes de fijar los coeficientes horizontales (porcentajes de reparto del dinero que corresponde a las instituciones forales que corresponde a cada territorio). Asimismo, ha hablado de la posibilidad de redefinir el Fondo de Solidaridad, el mecanismo que compensa desajustes de financiación entre diputaciones.

Gobierno y diputaciones han empezado ya a negociar la renovación de la Ley de Aportaciones para el quinquenio 2007-2011 y, según lo expuesto por ambas partes, parece que sus posiciones se mantienen alejadas. Estas negociaciones --ayer mismo tuvo lugar la última reunión-- versan también sobre otras materias como la reforma de las normas que regulan el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

En relación con este último asunto, Zenarruzabeitia ha dicho que resulta necesario afrontar la reforma de ambos tributos con el doble objetivo de impulsar el crecimiento de la economía vasca y mejorar la calidad de los servicios públicos, todo ello sin poner en peligro el equilibro de las cuentas públicas. Finalmente, ha afirmado que Gobierno y diputaciones deberán compartir el impacto de dichas reformas.