SAN SEBASTIÁN. DV. La Diputación ha hecho los análisis y ha elaborado un diagnóstico. Ahora tendrá que contrastarlo con las diputaciones de Vizcaya, Álava y el Gobierno Vasco. ¿En juego? Nada más y nada menos que la Ley de Aportaciones, que se aprobará en diciembre y afectará al quinquenio 2007-2011. Ante las negociaciones que se desarrollarán en el Consejo Vasco de Finanzas, la Diputación guipuzcoana reclamará que la nueva ley contemple los ajustes necesarios para hacer frente al aumento del gasto en materia social, y para corregir los desequilibrios territoriales que generan la tributación de algunas operaciones, como las importaciones, el gas y la electricidad.

El diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, presentó ayer, ante las Juntas Generales, el informe interno elaborado por el ente foral en relación a la nueva Ley de Aportaciones.

Vertebrado en torno a cuatro capítulos -modelo de aportaciones, cambios sectoriales, tributaciones que generan desequilibrios territoriales, y conclusiones-, el informe parte de la postura de que «el modelo vigente de distribución de recursos es razonable y ha hecho posible un desarrollo integral del país», según admitió Gonzalez de Txabarri. En base a esta premisa, «la nueva ley debería adaptarse a las nuevas circunstancias, lejos de actitudes a priori tanto radicalmente revisionistas, como injustificadamente inmovilistas», añadió el diputado general. «En definitiva, la nueva ley ha de incorporar los ajustes necesarios que permiten el reequilibrio del sistema».

Dentro de este grupo de «nuevas circunstancias» que cita Txabarri cobra especial protagonismo el aumento del gasto en política social, ya que la Diputación estima en 28,7 millones de euros el gasto anual adicional previsto para el quinquenio 2006-2011. «La red de residencias para personas mayores se está convirtiendo de facto en una Osakidetza social paralela en virtud del desvío hacia la misma de un número creciente de servicios con sus correspondientes necesidades de financiación», recordó Gonzalez de Txabarri.

Importaciones

Junto a la política social, el diputado general hizo hincapié en la tributación de operaciones generadoras de desequilibrios territoriales. Es decir, aquellas situaciones que provocan que la recaudación generada no se ingrese en la Hacienda del territorio en el que se soporta el impuesto. Según Txabarri, «históricamente, estas situaciones se han producido, aunque en la actualidad se han introducido modificaciones normativas que ocasionan que los desequilibrios territoriales sean especialmente significativos».

Según el informe, el ajuste calculado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas el pasado 17 de octubre de 2005 en relación con las operaciones asimiladas a las importaciones y con objeto de paliar las distorsiones existentes entre territorios, resultó insuficiente.

El diputado general citó expresamente a la tributación de las importaciones de gas y electricidad, y el IVA energético como «principales variables del desequilibrio territorial».

Coeficientes

A la hora de establecer comparaciones con Vizcaya, el documento recoge una estimación de los ingresos por IVA de los proyectos energéticos allí implantados, «que asciende a 80 millones de euros adicionales, independientemente de las exenciones a las importaciones».

Ante la posibilidad de que la nueva ley modifique el coeficiente vertical (la aportación de las diputaciones al Gobierno Vasco), Txabarri no quiso adelantar la postura de la Diputación, una postura que dependerá de los datos que pongan sobre la mesa las demás instituciones durante las reuniones en el Consejo Vasco de Finanzas. La Diputación presentará su informe, elaborado a lo largo de seis meses, mañana en el Órgano de Coordinación Tributaria.