MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer en libertad a los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, detenidos el pasado viernes, a los que acusa de pagar el denominado ‘impuesto revolucionario’. El magistrado asegura en un auto hecho público ayer que ambos detenidos abonaron «voluntariamente» 54.000 euros a ETA «con el fin de favorecer el denominado ‘proyecto de paz’». El instructor mantiene la imputación de colaboración con organización terrorista.

El fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, no pidió la adopción de ninguna medida cautelar, por lo que al instructor no le cabía otra posibilidad que dejarles en libertad, sólo con la obligación de notificar su domicilio y estar disponibles en todo momento para declarar. El Ministerio Público dio por buena la versión de los imputados, quienes, asistidos por sus abogados de confianza (no incomunicados), sostuvieron en todo momento que no han pagado jamás el chantaje a la organización terrorista. Azpiroz y Saralegi sólo reconocieron haber recibido en 2001 dos cartas de extorsión pero aseguraron que nunca cedieron.

Los dos industriales dijeron que desconocen por qué en un registro en Bayona de la casa de José Antonio Cau, detenido en la operación policial contra la presunta red de extorsión de ETA, se encontró el pasado martes un recibo a nombre de su empresa, Azysa, por valor de 54.000 euros. Azpiroz y Saralegi coincidieron durante la hora larga de interrogatorios en que era probable que la organización tuviera el recibo preparado por si se hacía efectivo el pago, pero que el hecho de que éste permaneciera todavía en poder de ETA probaba que no se había realizado.

La versión del juez, sin embargo, es bien diferente. Grande-Marlaska sostiene que, efectivamente, en 2001 los empresarios navarros recibieron cartas de extorsión «por una cantidad total que todavía no ha podido ser determinada». Los dos encausados –añade el magistrado– hicieron un pago a ETA el 29 de abril de este año «a través de una abogado cuya filiación se desconoce al día de la fecha». Con la mediación de ese letrado, «Azpiroz y Saralegi hicieron llegar a Julen de Madariaga (detenido en Francia en esta misma causa y puesto posteriormente en libertad condicional) la suma de 54.000 euros, no constando si era el total de lo reclamado o el último plazo que hubiera podido ser convenido con la organización terrorista ETA», señala el escrito elaborado por el juez.

‘Proyecto de paz’

Sea como fuere, Grande-Marlaska argumenta que por parte de los empresarios «se hizo constar el hecho de que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado ‘proyecto de paz’». Allegaron dinero a ETA, sostiene el juez, «aún estando en situación de alto el fuego» permanente.

El instructor insiste en que la prueba principal del pago es el recibo encontrado en el domicilio de Cau con fecha de junio de este año que, según sostiene, «debía ser entregado finalmente, dentro de lógica cadena, a los imputados». «Dicho pago –añade– queda avalado por las manifestaciones de Julen de Madariaga, quien de forma clara y expresiva refiere cómo el 29 de abril recibió los 54.000 euros por mediación de un abogado de confianza de los hoy imputados».

Fernando Grande-Marlaska señala que también hay «concretas observaciones telefónicas» al fundador de ETA en días posteriores al 29 de abril, en los que Madariaga «refiere a otros imputados de forma suficientemente explícita la entrega del dinero para hacerlo llegar a ETA por los cauces ordinarios». Además, el juez asegura que hay otras pruebas que incriminan a los empresarios pero que no desvela en este momento procesal al encontrarse la causa secreta.

Todo ello, al margen de que el instructor dice que no termina de creer la versión de que los detenidos sólo recibieron dos cartas. El magistrado explica que «las investigaciones desarrolladas sobre el aparato de extorsión de ETA» han demostrado que la organización envía hasta cuatro cartas a los empresarios renuentes a pagar el ‘impuesto’, por lo que no considera creíble que sólo recibieran dos misivas. Además, Grande-Marlaska subraya las contradicciones en las declaraciones de los imputados: mientras que Azpiroz sostiene «en todo momento» que fueron dos las misivas, su socio en un principio dijo que había sido una sola carta, para luego rectificar.

Sin eximente

Según el magistrado, el hecho de que los dos empresarios se nieguen a reconocer el pago es una postura que «únicamente cabe entenderla como ejercicio legítimo del derecho de defensa y del derecho a no declararse ni confesarse culpable» que reconoce el artículo 24 de la Constitución. No obstante, advierte que esta decisión impide que se les pueda aplicar por el momento la eximente de «miedo insuperable» (prevista en el Código Penal) ante las amenazas de la organización terrorista.

Grande-Marlaska justifica la notificación del auto de libertad de los empresarios «con el fin de garantizar el derecho de defensa y concluir sobre la proporcionalidad de la privación de libertad a la que han sido sometidos en calidad de detenidos y hasta su puesta a disposición judicial en el día de hoy».

El juez afirma que los hechos podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista, que lleva aparejado una pena de al menos 5 años de cárcel.

Por todo ello, Grande-Marlaska cree que cabría imponer a los detenidos algún tipo de medida cautelar, como comparecencias periódicas en el Juzgado o la prohibición de abandonar el país. «Pero (...), no siendo en estricta técnica jurídica, legal el aplicar cualquier restricción de la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ninguna limitación, excepción hecha de la que comprende a cualquier imputado de comparecer cuando fuere llamado», explica el juez en alusión a la decisión del fiscal García Jabaloy de no solicitar la adopción de medidas cautelares. COLPISA

«No hemos pagado»

Los socios-administradores de «Construcciones Azpiroz y Saralegui, S. L. « (Azysa), José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, negaron ayer «categóricamente» en un comunicado que hayan pagado a ETA el llamado ‘impuesto revolucionario’.

En un breve comunicado difundido por el bufete de abogados que representa a los dos empresarios navarros, Azpiroz y Saralegi agradecen asimismo «las numerosas muestras de solidaridad recibidas» desde su detención.

Los dos empresarios difundieron este comunicado por la tarde, horas después de haber declarado por espacio de media hora cada uno en el despacho de Grande-Marlaska. Los dos detenidos salieron de la oficina esposados y fueron trasladados al calabozo, desde donde fueron conducidos de nuevo ante el juez para la celebración de la vistilla donde se les comunicó su puesta en libertad.