TOLEDO. «La ley no puede estar en tregua para nadie». Mariano Rajoy defendió ayer que el Estado de Derecho debe seguir funcionando independientemente de las coyunturas políticas y mostró así su rechazo a las críticas recibidas por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.
El presidente del PP aprovechó su presencia en un acto de la formación en Castilla-La Mancha para dejar claro al Gobierno cuál sería el único calendario de negociaciones al que estaría dispuesto a adherirse para acabar con ETA: primero la disolución de la organización terrorista, luego la asunción por parte de Batasuna de los principios democráticos que lleven su legalización y, en último término, el diálogo. «No se puede negociar políticamente con una organización terrorista porque es ilegal y porque cuando negocias con quien tiene una pistola como instrumento negociador has perdido», sentenció.
Las declaraciones de Rajoy ponen de relieve la enorme distancia que le separa de José Luis Rodríguez Zapatero en la estrategia abierta por el Gobierno tras el alto el fuego de ETA. Zapatero aseguró el sábado que trabajaría «sin descanso» para lograr la «comprensión y ayuda» del PP.
Menos de 24 horas después -en la ratificación de María Dolores de Cospedal como presidenta de los populares de Castilla-La Mancha-, el líder de la oposición confirmó que la tarea será ardua y se mostró su negativa a explorar otras vías para acabar con el terrorismo que no sean «la ley, la Policía, la Guardia Civil, la Ley de Partidos, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo; que fue la fórmula -dijo- que más debilitó a esta organización en la historia».
«No se puede negociar con ETA porque eso es ir contra la ley y quien entiende que eso es así cree que el fin justifica los medios y que se puede acabar con ETA a cualquier precio después de que lleven más de 30 años matando», insistió. Así enmarcó su rechazo ante una eventual legalización de Batasuna previa a la desaparición de la organización terrorista.
«Dos ETAs»
A su juicio, permitir a la formación que lidera Arnaldo Otegi que participe en la vida política es tanto como legalizar «una parte de ETA». «Y tendremos dos ETAs -vaticinó- una legalizada y otra con las pistolas para garantizar que se le hace caso a la legalizada cuando haya algún tipo de negociación; es de puro sentido común». De este modo, reiteró su postura. «A ETA -dijo ante las más de 2.000 personas reunidas en el polideportivo de Albacete- sólo hay que decirle una cosa y de ETA sólo esperamos una cosa: que cumplan la ley, se disuelvan y, a partir de ahí, si quieren se presenten a las elecciones como cualquiera pero cumpliendo la ley», agregó.
Por otro lado, el secretario general del PP en Euskadi, Carmelo Barrio, aseguró ayer que si se verificase la relación entre miembros del PNV y ETA, en referencia a la imputación a Gorka Agirre por un presunto delito de colaboración con banda armada, el PNV«tendría que hacer una profunda reflexión, tendría que pedir perdón a la sociedad, pedir públicas disculpas, porque sería una rebaja democrática sin ningún género de dudas». Barrio añadió que sería «terriblemente preocupante» que miembros del PNV, «en este caso de Gipuzkoa» tuvieran relación con ETA. COLPISA