MADRID. La imputación del dirigente del PNV Gorka Agirre por presunta colaboración con banda armada fue mal recibida ayer en el PSOE. El portavoz del partido en el Congreso, Diego López Garrido, salió en defensa del partido nacionalista y calificó de absurdas las sospechas que han llevado al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, a investigar no sólo esta vinculación sino también posibles contactos entre miembros del PSE y el aparato de extorsión de ETA. «En este momento no se debe poner bajo sospecha a los demócratas -reclamó-; no es el momento de hacerlo, ni ahora ni nunca». «El PSE -insistió- ha sufrido enormemente los ataques terroristas, estamos todos en un lado y el único enemigo que tenemos todos los demócratas es el terrorismo».

López Garrido admitió que el Poder Judicial «tenga que solicitar declaraciones para aclarar algunos extremos de investigaciones», pero dio por hecho que no existe vínculo alguno entre los políticos sobre los que se han abierto las pesquisas y la red etarra. Según confesó, los socialistas no conocen con exactitud los datos que han llevado al magistrado a citar como imputado al jefe de relaciones externas del PNV y como testigo a su ex presidente, Xabier Arzalluz. Sin embargo, se arriesgó a poner la mano en el fuego tanto por el partido en su conjunto como por quienes lo integran. «Tenemos muy claro que ni el PNV, que es un partido democrático, ni sus militantes tienen nada que ver con redes de extorsión», aseveró.

Kale borroka

López Garrido se refirió a las cartas de extorsión y la kale borroka. Explicó que, pese a ello, estamos en la mejor situación de los últimos cuarenta años.

En la misma línea, el dirigente del PSE-EE Rodolfo Ares aseguró que algunas decisiones de Grande-Marlaska son «poco comprensibles» y debería tener en cuenta «especialmente el criterio del fiscal» porque «en algunas decisiones ni siquiera espera a conocer la posición del fiscal». El portavoz socialista vasco reiteró, «desde el respeto a la Justicia, que los jueces deben tener en cuenta las situaciones de cada momento para aplicar la ley, algo que exige y permite nuestra legislación». Sobre el caso de los dos empresarios navarros, Ares reconoció que «ceder está mal», pero pidió «sensibilidad a las terribles circunstancias» que viven «el empresariado y también sus familiares». COLPISA