MADRID 25/06/2006

La patronal navarra y numerosos dirigentes nacionalistas criticaron al juez Grande-Marlaska por ordenar la detención de dos empresarios de la construcción que habían pagado 64.000 euros a ETA hace algunas semanas. Todos ellos coincidían en subrayar que los dos detenidos actuaron bajo el estado de necesidad, que le exime de cualquier responsabilidad pena. (...) El razonamiento, aunque discutible, es perfectamente coherente y sostenible. Pero lo que no se puede es defender, como hacen los nacionalistas, que el estado de necesidad justifica aceptar el chantaje de ETA y luego afirmar que la banda está cumpliendo escrupulosamente el alto el fuego y que ha cesado toda actividad violenta.