Ha aparecido recientemente en este periódico la existencia de unas importantes instalaciones de telefonía móvil en la cubierta del Hotel María Cristina de esta ciudad, instalaciones que han sido denunciadas por la Comunidad de Propietarios de Camino, 2. Sabido es que este edificio, junto con el Teatro Victoria Eugenia, la plaza Oquendo y el río Urumea conforman quizás el conjunto monumental más importante de la Ciudad. En este sentido, tanto el hotel como el teatro, por sus valores arquitectónicos, culturales e históricos, su relevancia en la conformación del tejido urbano y la memoria histórica que proyectan, están considerados por el Gobierno Vasco «bienes culturales calificados», encontrándose protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad con el máximo grado de protección: el Grado I.

Las antenas que se han colocado en la cubierta del Hotel María Cristiana son añadidos degradantes e instalaciones y obras de época reciente que no revisten interés y que contrastan negativamente con las características arquitectónicas originales de la construcción, algo que está prohibido expresamente por las normas de protección a las que se remite el Plan General.

Por ello, resulta incomprensible que la Diputación haya autorizado la instalación de dos estaciones de telefonía móvil que incluyen antenas de gran porte en el Hotel María Cristina, claramente visibles desde la calle y los paseos del Urumea, convirtiendo de esta forma en papel mojado el régimen de protección al que está sometido y los valores que encarna. Por la misma, puede la Diputación autorizar mañana la colocación de grandes antenas de telefonía móvil en el edificio del Ayuntamiento o en el teatro Victoria Eugenia o en la iglesia San Vicente. Si tenemos en cuenta que los propietarios de Camino 2 no pueden ni colocar un simple toldo debido a las normas de protección del hotel, nos daremos cuenta del sinsentido de todo esto.

Si las administraciones pueden actuar así, ¿entonces para qué calificar a estos edificios como Bienes Culturales y dotarles de un severo régimen de protección? ¿Para qué se prevé la existencia de controles adicionales sobre estos edificios si luego las administraciones miran para otro lado y no ejercen su papel?

Esperemos que el Ayuntamiento tenga un atisbo de cordura y deniegue las licencias de actividad solicitadas y proceda a ordenar el derribo de esas instalaciones.