MADRID. Julen de Madariaga, uno de los fundadores de ETA y actual dirigente de Aralar, detenido el martes en la operación conjunta hispano-francesa contra el aparato de extorsión de la organización terrorista, quedó ayer en libertad condicional tras ser procesado por la Justicia francesa por «asociación de malhechores con fines terroristas, financiación del terrorismo y complicidad de extorsión de fondos en banda organizada». No obstante, Madariaga deberá comparecer regularmente ante la justicia, tal como solicitó la Fiscalía.

La juez francesa Laurence Le Vert también dejó en liberta sin cargos a José Ramón Badiola Zabaleta. Su homólogo en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, decretó, por su parte, el ingreso en prisión incondicional de Joseba Elosua, el supuesto máximo responsable de la red de extorsión de ETA en la operación que se saldó con doce detenidos en ambos países.

Con el encarcelamiento de Elosua aumenta a cuatro el número de personas en prisión en España por orden del magistrado por su supuesta relación con la recaudación del denominado 'impuesto revolucionario', ya que el jueves y el viernes entraron en la cárcel Juan Pedro Harocarene y Carmelo Luquín.

Tras interrogar a Elosua, el magistrado continuó durante la tarde con las declaraciones de los dos últimos supuestos miembros de la red de cobro etarra detenidos en España, Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal.

El primero, que se negó a declarar ante el instructor, regresó a prisión hasta que designe abogado defensor. El juez Grande-Marlaska le ha vuelto a citar para el próximo jueves. Por su parte, el instructor dejó en libertad sin fianza a Ignacio Aristizabal, con la obligación de comparecer ante un juzgado semanalmente.

El instructor no hizo público ayer sábado, tal y como tenía previsto, el contenido de los autos de prisión de Elosua y Sagarzazu. En todo caso, el juez les imputa los presuntos delitos de colaboración y pertenencia a banda armada.

Asimismo, Fernando Grande-Marlaska levantó ayer la incomunicación de los detenidos, aunque mantiene el secreto de la causa hasta que el próximo lunes declaren los dos empresarios detenidos el viernes en Navarra acusados de haber pagado el chantaje a la red: José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegi Caballero.

Según fuentes de la investigación, ambos pagaron 64.000 euros a la organización terrorista, tal y como consta en un recibo incautado en el domicilio de Bayona de uno de los presuntos etarras detenidos el martes en Francia, José Luis Cau, supuesto cabecilla de la red en suelo galo.

Intenso interrogatorio

El interrogatorio más extenso de ayer fue el de Elosua, al que el magistrado considera responsable del grupo de recaudación de ETA en España. Grande-Marlaska le acusa directamente de haber sido la persona que envió las dos últimas remesas de cartas amenazantes a empresarios vascos y, sobre todo, navarros.

Según los informes remitidos por la Comisaría General de Información a la Audiencia Nacional, estas misivas, que fueron las que se detectaron tras la declaración del alto el fuego etarra del 22 de marzo, fueron enviadas por Elosua en persona entre el 3 y el 18 de marzo, sólo días antes del anuncio de la organización terrorista. En una primera oleada, el jefe de los recaudadores remitió 35 cartas y en una segunda remesa distribuyó otras 48.

Los seguimientos y pinchazos telefónicos a los que fue sometido entre el 3 de marzo y el 4 de mayo -cuando el sospechoso descubrió que estaba siendo seguido por la policía supuestamente gracias a un chivatazo- apuntan a que ETA en la primera semana de abril ordenó a Joseba Elosua y a sus colaboradores cesar en el envío de cartas de extorsión, pero no en el cobro de dinero fruto de las extorsiones.

Las intervenciones telefónicas también implican a Sagarzazu, también interrogado ayer por el magistrado. Este último, según se desprende de las escuchas de mediados de abril, colaboraba con Elosua en la recaudación y mantenía contactos con Cau para las entregas del dinero en Francia, según fuentes de la investigación.

Las vigilancias al jefe de la trama igualmente relacionan a su yerno, Carmelo Luquín (encarcelado el viernes) con la trama. Los informes policiales sostienen que Luquín, que regenta junto a su mujer una perfumería junto al bar Faisán propiedad de Elosua, fue depositario de cartas extorsionadoras que finalmente no llegaron a enviarse porque ETA declaró el alto el fuego.

Por otra parte, los jueces franceses también procesaron por asociación de malhechores con fines terroristas y extorsión Ángel Iturbe Abasolo, de 53 años y hermano del que fuera uno de los máximos dirigentes de ETA, Txomin, Eloy Uriarte Díaz, Robles, al que se le atribuían funciones de responsabilidad en el aparato financiero en los años 80, María Cristina Larrañaga y José Antonio Cau.

Estaba previsto que comparecieran a últimas horas de la noche de ayer y primeras de la madrugada de hoy ante el juez, para que decida su ingreso o no en prisión. La Fiscalía ha pedido previamente la prisión preventiva para los cuatro.

Explicaciones

El secretario de Libertades y Seguridad del PP, Ignacio Astarloa, anunció que los populares van a pedir la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, para que explique por qué el juez Grande-Marlaska ha apartado de esta investigación al máximo responsable antiterrorista de la Policía, Telesforo Rubio, comisario general de Información.

Astarloa quiere que el ministro aclare las «gravísimas noticias» publicadas sobre los desencuentros entre Rubio y el magistrado a cuenta de los supuestos retrasos del mando policial en esta investigación. Unas discrepancias que han llevado al juez a nombrar a un inspector jefe al mando de las pesquisas y prohibir que informe a sus superiores.. COLPISA