BILBAO / MADRID. La Policía Nacional detuvo ayer a dos empresarios de Navarra por orden del juez Fernando Grande Marlaska, en el marco de la investigación derivada de la desarticulación el pasado martes de una trama de extorsión de ETA, según fuentes relacionadas con la investigación. Ambos arrestados son propietarios de la empresa Construcciones Azpiroz y Saralegui S.L, radicada en Navarra. Según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, la identidad de los dos detenidos figuraba en el origen de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón, en 1998, sobre el denominado 'impuesto revolucionario'.

Fuentes consultadas por la agencia Vasco Press apuntaron que los arrestos podrían estar relacionados con el presunto hallazgo en el domicilio de Bayona de José Luis Cau, uno de los presuntos implicados en la trama de extorsión, de dos documentos tipo recibo de pago, en los que la organización terrorista reconocía haber percibido determinadas cantidades de dinero de dos empresarios a los que agradecía el abono. En esos dos documentos mencionados figuraban los nombres de dos personas que, supuestamente, habrían pagado a la organización terrorista.

Otras fuentes, citadas por la agencia Colpisa, señalan que varios detenidos en la primera fase de esta redada llevada a cabo en Gipuzkoa y Alicante han citado en sus declaraciones los nombres de los dos industriales navarros. La Policía intenta determinar ahora si ambos empresarios presuntamente pagaron a ETA por miedo a las amenazas o si su contribución fue supuestamente voluntaria. En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra estos dos empresarios serían las primeras que se aplican desde que hace dos años el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de cantidades que sumaron un total de 222.374 euros.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, destacó a última hora de ayer que hay que «denunciar a los que extorsionan y no a los que pagan», por lo que hizo un llamamiento para que se respete a los dos detenidos. Así, aunque reconoció que pagar el 'impuesto revolucionario' es un delito, aseguró que «hay que ponerse en el pellejo» de la persona extorsionada para poder saber cuál es la situación a la que se enfrenta y que le lleva a pagar, «sabiendo lo que eso significa», es decir, ayudando a financiar así a ETA.

A prisión

Por otra parte, el juez Marlaska, encarceló a última hora de ayer a José Carmelo Luquín Vergara, detenido el martes en la localidad alicantina de Santa Pola y acusado de ser miembro de la red de extorsión de ETA. Luquín Vergara -yerno del supuesto jefe de los cobradores de ETA en España, Joseba Imanol Elosúa Urbieta- fue interrogado entre las 19.20 horas y las 22.00 horas. Al término de la declaración, el instructor ordenó el ingreso en prisión incomunicada por los presuntos delitos de pertenencia y colaboración con banda armada. Marlaska interrogará hoy al propio Elosúa, y los arrestados en Gipuzkoa José Manuel Sagarzazu e Ignacio Aristizábal. El juez ordenó el jueves el ingreso en prisión del periodista Juan Pedro Harocarene. AGENCIAS