El Parlamento Vasco aprobó hoy la ley de Aguas, que recoge la creación de un nuevo "canon ecológico" para gravar el consumo excesivo de este recurso, así como de la Agencia Vasca del Agua, encargada de coordinar las actuaciones de todas las instituciones en este ámbito.

La ley, la segunda de las aprobadas esta legislatura después de los presupuestos del 2006, salió adelante con los votos del tripartito y del PSE-EE, mientras que votaron en contra PP y EHAK, cuyas enmiendas a la totalidad fueron rechazadas, y Aralar.

La principal novedad de la ley es el "canon ecológico", mediante el cual, los consumidores de agua deberán pagar seis céntimos de euro por metro cúbico de agua, cuando el consumo supere los 130 litros por persona y día.

Recurso

El importe de este "canon", que será recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP, se dirigirá a costear trabajos de prevención del origen de la contaminación y con la restauración y conservación del cauce de los ríos.

La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga (EA), destacó que la ley posibilitará una "nueva gestión integral del agua", en la que "se conciliará el uso y la protección del recurso". Subrayó que se trata de una ley "moderna y ambientalista", que incorpora los principios derivados de la Dirección Marco Europea.

Defendió el contenido de la ley, en especial el "canon" que, según dijo, busca lograr la "utilización racional" del agua, al tiempo que aseguró que, durante su tramitación parlamentaria, "hemos apostado por el diálogo y por la búsqueda del máximo consenso posible".

Reacciones

Los argumentos favorables a la ley defendidos por la consejera fueron rebatidos por PP, EHAK y Aralar. En este sentido, Esther Martínez (PP) criticó que la normativa "lesiona el régimen foral, bordeando la Ley de Territorios Históricos (LTH)" y contribuye, por ello, "al afán centralizador del Ejecutivo autonómico".

Asimismo, acusó al Gobierno de Vitoria de "querer hacer caja", a través del "recargo" que, a su juicio, supone el "canon". Por todo ello, anunció que su grupo pedirá la nulidad de este "canon", a través de un recurso en el Tribunal Constitucional, por considerar que supone "una doble imposición".

Por su parte, Aintzane Garate (EHAK) denunció que la ley "gestiona el agua más como un negocio que como un recurso, ya que garantiza intereses y no derechos".

Además, dijo que "pone a los agricultores y a los particulares en el punto de mira" y que "abre la puerta a la privatización de la gestión del agua".

Desde EHAK, Aintzane Ezenarro (Aralar) acusó al Gobierno Vasco de no haber tenido una actitud favorable a la negociación con su grupo, así como de "haber perdido la oportunidad de lograr una buena ley".

Competencias

Los partidos del tripartito y el PSE-EE rebatieron los argumentos de los grupos contrarios a la ley. Así, Iñaki Gerenabarrena (PNV) opinó que la normativa resuelve la anterior "locura competencial" en torno a la gestión del agua en el País Vasco, "unificando la política del agua".

En la misma línea, Natalia Rojo (PSE-EE) rechazó que la ley suponga que los ciudadanos "tengan que pagar dos veces" por el agua, por lo que defendió que el "canon tiene sentido", así como que "éste no va a desequilibrar ninguna economía familiar".

Nekane Alzelai (EA) señaló que la ley persigue la "gestión integral y racional del agua", mientras que Oskar Matute (EB) hizo hincapié en que el nuevo "canon" tiene como objetivo "el consumo responsable del agua".