EL agua fría mezclada con el agua caliente da como resultado el agua templada. Esta obviedad, en evidente tono irónico, se atribuía hace pocas semanas a un químico, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer intentaba quitar deliberadamente hierro al nuevo comunicado de ETA y respondía con una intervención de manual al mismo.

Tres meses después del anuncio del alto el fuego permanente, se vuelve a observar el síndrome de ducha escocesa que rodea la compleja expectativa de un final del terrorismo. En su comunicado de ayer, ETA se reafirma en su decisión, y éste es el dato clave positivo. A la vez el texto vuelve a rezumar una retórica que se convierte en un relativo contratiempo para el Gobierno de Zapatero en un momento decisivo en el que el presidente se dispone a informar al Congreso del inicio de un proceso de diálogo. Es verdad que no se ofrecen novedades de fondo, que ETA emplaza al Ejecutivo a «redoblar sus esfuerzos» y a pasar «de las palabras a los hechos». Es cierto que no se rompe el proceso y que, a la vez, ETA mantiene su lenguaje amenazante habitual sin referirse explícitamente al cese definitivo de la violencia. El resultado muestra cierta fragilidad voluntarista de la estrategia del Gobierno, que va a ser aprovechada por el PP en su discurso frontal contra el diálogo.

Lo más comprometedor del comunicado es que ETA emplaza el Gobierno a cumplir unos supuestos y genéricos «compromisos de alto el fuego» en relación con la lucha policial y la política penitenciaria, lo que sugiere de forma críptica y ambigua que ha podido existir un proceso de negociación previa con representantes del Ejecutivo. El Gobierno siempre ha negado que hubiera alcanzado acuerdos de carácter político. Los emisarios del PSE sí plantearon determinados aspectos metodológicos en sus conversaciones con la delegación de ETA en Noruega y en Suiza entre julio y diciembre de 2005. Un preacuerdo sobre el método y el procedimiento -que diferenciaba claramente la negociación de una mesa de partidos al diálogo sobre los presos y el final de armas- fue una de las claves sobre la que se basó la declaración del alto el fuego. El hermetismo que ha rodeado este asunto ha dado pie a múltiples especulaciones, pero es la propia ETA la que en su insistencia sobre reivindicaciones clásicas -autodeterminación y territorialidad- da a entender que no ha habido pacto político previo.

Es cierto que ETA mantiene su lenguaje tradicional y sus pretensiones. También su concepción de que el final de su actividad terrorista no será fruto de la interiorización de este mundo de que la violencia debe ser abandonada sin contrapartidas sino que será la consecuencia de un proceso en el que obtenga determinadas concesiones políticas.

Este guión cuestiona el 'principio paz por presos' sobre el que hasta el momento se ha movido el Ejecutivo y enfría el optimismo gubernamental existente hasta hace unas semanas. Atrás quedan las palabras del ministro Pérez Rubalcaba diciendo que no se realizarían más informes de verificación y declaraciones que subrayaban la voluntad de ETA de llegar «hasta el final». Parecía que el mismo Ejecutivo minimizaba los ataques de violencia callejera o los posibles casos de extorsión que reaparecían en escena y quería dar a entender que el terrorismo era cosa del pasado.

Uno de los puntos de inflexión de esta situación se produce en la entrevista con dos encapuchados de ETA en la que lanzan señales inquietantes para navegantes en la medida en la que parece que dan a entender que se convierten en garantes de un eventual proceso político. El otro es la sensación creciente de que se están produciendo pagos de determinados empresarios que pueden encajar en una figura soterrada de extorsión.

A día de hoy el Gobierno no tiene quizá el mismo margen de maniobra que hace tres meses. Persiste un enigma sobre la política de Zapatero para lograr la disolución de ETA. El Ejecutivo reitera que «hay bases sólidas» pero nadie sabe realmente dónde terminan los sobreentendidos y dónde comienza la improvisación. Además, las impactantes imágenes del juicio de García Gaztelu y Gallastegi han generado un clima de opinión pública reacio para abrir un proceso de diálogo. Con todo, la hoja de ruta sigue hacia adelante, aunque más estrecha. El problema es que mientras ETA tiene estrategia, el Gobierno no logra transmitirla con claridad. La retórica de ETA complica cada vez más el margen de maniobra de Zapatero