Los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF, ELA, LAB, UGT y CGT en la Administración de Justicia del País Vasco han cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga general convocada en defensa de la equiparación salarial de los 1.800 trabajadores de los tres territorios con el resto de la Administración vasca. El Departamento de Joseba Azkarraga, por su parte, ha desmentido este dato rebajando a un 39% su incidencia.

Según el Gobierno Vasco, en Gipuzkoa ha tenido un 31% de seguimiento, en Alava un 39% y en Vizcaya justo ha llegado al 40%, por lo que, en total, un 39% de la plantilla ha secundado el paro convocado por los sindicatos. El Departamento de Justicia, además, ha reiterado su voluntad de diálogo y negociación, subrayando que "la representación sindical tiene en su poder la última propuesta del Gobierno que todavía no ha sido discutida" y que está dispuesto "a mantener ese debate en el momento que lo deseen".

Los sindicatos, que han celebrado esta mañana una asamblea, se han manifestado por el centro de Bilbao, concentrándose ante las sedes de EA, PNV y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde han hecho entrega de sendos escritos.

Sólo el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, ha recibido a los representantes sindicales y ha recogido el texto en el que le solicitan su apoyo. Según han indicado los sindicatos, Piñeiro se ha comprometido a hacer llegar el escrito a la sala de Gobierno para tratar de acordar una declaración de apoyo y en su caso, hacérsela llegar al Departamento de Justicia.

En el documento entregado a las formaciones nacionalistas, diferente al anterior, los sindicatos insta a tomar las medidas necesarias y suficientes que conduzcan a la solución del conflicto. En este sentido, las centrales amenazas con endurecer sus acciones si el Departamento dirigido por Joseba Azkarraga no cumple "sus promesas". "En otoño, si no ha habido ningún cambio, no sólo haremos movilizaciones, sino que endureceremos las que tenemos ya", ha indicado José Luis Frajales, de ELA.

En su escrito, las centrales recuerdan que en abril de 1996 se transfirieron las competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia. A su juicio, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilita la cuantificación del complemento específico, por lo que permite que el Gobierno vasco "pueda equiparar nuestras condiciones salariales a las de su personal funcionario". "No entendemos que, lo que en otros Gobiernos autonómicos han llevado a cabo, sea imposible para la Administración de Justicia vasca", apostillan.

Por último, instan a los partidos que conforman el Gobierno vasco que busquen una solución para que sean tratados "de igual forma que al resto del personal funcionario y no ser castigados por ser considerados de segunda".