SAN SEBASTIÁN. DV. La concejala del PNV en Arrasate Inés Aldai ha denunciado la existencia de supuestas irregularidades urbanísticas en la construcción de 418 viviendas en la localidad, cuya responsabilidad atribuye al alcalde, Ignacio Lakunza, y al ex alcalde José María Loiti, ambos del PNV. Según la edil, la operación ha supuesto para la promotora inmobiliaria Obenerreka, del empresario Javier Guibert, «amigo íntimo» de Loiti, cobrar una plusvalía de 60 millones de euros sin ninguna contraprestación para el Ayuntamiento.

El convenio urbanístico de Gelma «está redactado con el único propósito de facilitar la mayor ganancia económica posible al promotor», asegura Inés Aldai, concejala independiente, al igual que el alcalde, que se presentó en las listas del PNV a las municipales de 2003. En aquel año, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrasate recogía para el ámbito Zabalgunea/Gelma la construcción de 177 viviendas libres y 212 de VPO.

Fundiciones Gelma es una empresa de 200 trabajadores que durante años había tenido problemas de espacio debido al lugar donde estaba emplazada, en la orilla izquierda del Deba. La fábrica, propiedad de Javier Guibert, llegó a plantearse abandonar la localidad, hasta que el Ayuntamiento le ofreció suelo en la margen derecha del río. En el solar que dejó Gelma ya ha comenzado a construirse una urbanización. Según Aldai, para afrontar la gestión de la construcción de los pisos, Guibert creó la promotora inmobiliaria Obenerreka.

Nuevas condiciones

Fue a partir de ese momento cuando comenzaron las presuntas irregularidades que denuncia Aldai, concejala que asegura que cuenta con el respaldo de tres de sus compañeros de partido en el Consistorio. Todos ellos están enfrentados al alcalde y al concejal de Urbanismo, Agustín Ugarte, también del PNV, en una pugna que según dicen no va más allá de los seis ediles del partido en el Ayuntamiento.

En 2004, ya con la actual legislatura, se modificó el convenio entre el Ayuntamiento y Gelma y se cambiaron las condiciones del PGOU. Se construirían 293 viviendas libres y 125 de VPO, es decir, 87 pisos menos de protección oficial y 116 más para el mercado libre. «Cuando un Ayuntamiento recalifica un terreno, como en este caso de industrial a residencial, para permitir la construcción de viviendas, se pacta con el propietario de los terrenos la distribución de la plusvalía que ello produce, es más, habitualmente esa plusvalía se distribuye al 50%», recuerda Aldai.

La concejala explica que el convenio se aprobó en febrero de 2004, sin que, «salvo el alcalde y el concejal de Urbanismo, nadie más vea el informe económico elaborado por el jefe del área de urbanismo». «En ese informe, -añade- la plusvalía que se producía (y tenía que haberse negociado el reparto) ascendía a más de 24 millones de euros y eso que los más de 30.000 metros cuadrados correspondientes a las viviendas libres se valoraban con un precio de venta de 2.175 euros el metro cuadrado».

En la negociación del convenio intervino José María Loiti, sostiene Aldai, quien le califica de «cerebro de esta increíble operación». Cuando la concejala preguntó al alcalde por el papel del ex primer edil en las negociaciones con Gelma, Lakunza le contestó que «está para asesorar al concejal de Urbanismo». Este periódico intentó ayer hablar con Lakunza y Loiti para que ofrecieran su versión, pero no fue posible contactar con ellos.

Los habitantes de Arrasate comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría cuando en febrero de 2006 se hicieron públicos los precios de venta de las viviendas libres en la urbanización. En dos años, habían subido a 6.000 euros el metro cuadrado.

Ante los rumores que comenzaron a surgir en la localidad, los concejales del PNV, formación que ayer no se pronunció sobre el asunto, se reunieron con Guisbert. «Le dijimos que la operación iba a producir unos beneficios ilícitos ya que por lo menos un 50% correspondía a los habitantes de Arrasate, y él nos respondió que el mundo de los negocios es así y que nos olvidemos de renegociar el convenio, postura que aceptaron Lakunza y Ugarte», relata Aldai. «A partir de ahí, ambos iniciaron una carrera veloz para otorgarle al promotor los permisos que todavía le faltaban para construir las viviendas».

Informe técnico

La presión de los ediles del PNV y del resto de grupos obligó al alcalde a no aprobar la licencia de construcción y a forzar así a Guisbert a negociar. Para ello, el primer edil solicitó un informe técnico para actualizar los datos del convenio de 2004. Según el estudio, las plusvalías por la recalificación del terreno ascendían ya a 60 millones de euros que el empresario «se ha embolsado íntegramente», dice Aldai.

La edil asegura que Lakunza esgrimió entonces «una copia de una elevación a público de contrato privado de compraventa del terreno entre fundiciones Gelma y Obenerreka por valor de 39 millones de euros». El contrato era de diciembre de 2003, anterior a la recalificación de los terrenos y a la firma del convenio. «El alcalde y Ugarte pretendieron que dicha compraventa fuera tenida en cuenta al obtener el margen de la operación y así reducir el importe de la plusvalía».

La Junta de Gobierno Local debatió el documento y rechazó tomarlo en cuenta. ¿Motivo? «Analizada la operación en su conjunto, uno, (Gelma y/o Obenerreka), vende y el otro, es decir el mismo, (Gelma y/o Obenerreka), compra. Por lo tanto, balance final, cero euros», explica Aldai.

El hasta ahora último episodio de la operación tuvo lugar el pasado mes de mayo. Según la edil, el alcalde «concedió el permiso de construcción al grupo Gelma, por supuesto sin contar nada a la Junta de Gobierno y a sabiendas de que había acordado no conceder ningún otro permiso para así forzar al promotor a negociar».