MADRID. El Gobierno dejó claro ayer a las cofradías del Cantábrico que sólo habrá ayudas económicas para los pescadores más afectados por la crisis de la anchoa, a raíz de la escasez de recursos que padece el caladero de Vizcaya. Durante una reunión entre los profesionales del sector y los responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Administración ofreció una triple alternativa ante la delicada situación de esa zona de capturas, cuya biomasa se encontraría «muy por debajo» de las 28.000 toneladas fijadas por la Unión Europea como mínimo de supervivencia, lo que implicaría que la actividad pesquera debería cesar casi con efectos inmediatos.

Sólo fue una primera propuesta -el martes próximo se pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre este problema, que se reunirá en Cantabria-, pero la acogida entre los pescadores resultó francamente mala. Para el presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Jaime Tejedor, resulta «totalmente inadmisible» que las posibles compensaciones a recibir se discutan «caso por caso, barco por barco», al tiempo que reprochó al Ejecutivo español y a la Comisión Europea que aún no hayan decretado el cierre de la pesquería de la anchoa, en contraste con la «sorprendente prisa» que mostraron hace cuatro meses para reabrirla sin la anuencia de los científicos.

En el caso de las cofradías gallegas, su representante, Evaristo Lareo, mostró su desconfianza en la viabilidad de las alternativas ofrecidas por el Gobierno, si bien dentro de ellas se decantó por las paradas biológicas por ser «la que más conocemos». En su opinión, esa interrupción forzosa de las capturas debería darse en la temporada baja de pesca, a partir de septiembre, con más preferencia hacia los últimos meses del año.

La tercera alternativa ofrecida por el Ministerio, además de la veda temporal y de las ayudas (englobadas dentro de un paquete de medidas de salvamento y rescate para la reestructuración de las empresas pesqueras), fue un plan de reactivación y de gestión para la anchoa, «en el que se tendrán que involucrar todos».

Aunque las conversaciones proseguirán la semana próxima -hay reuniones convocadas los días 23 y 26, la primera en Santander con las comunidades autónomas, y la segunda de nuevo con los pescadores-, el Gobierno insistió en que no habrá ayudas generalizadas para el sector, sino que atenderá a los indicadores (de capturas de anchoa y otras especies) y a las circunstancias económicas de cada barco. Además, la Comisión Europea debe mantener todavía varios encuentros más de carácter técnico antes de resolver el cierre de la pesquería, lo que ocurriría a lo largo de julio.

Acusación de engaño

El reparto de cuotas vigente en la actualidad asigna a España 4.500 toneladas de anchoa procedentes del Golfo de Vizcaya, frente a 500 para Francia. Sin embargo, según los datos que maneja el Ministerio, hasta ahora apenas se han capturado 200 toneladas en la zona. Los pescadores han pedido la dimisión de Espinosa y del secretario general de Pesca, por considerar que les «engañaron» con la reapertura del caladero, una decisión que según Bruselas fue tomada de manera conjunta por España y Francia en contra de los dictámenes científicos y del criterio de los propios profesionales. COLPISA