SAN SEBASTIÁN. DV. La decisión definitiva para conocer si Astillero continuará dentro de la ACT o por contra será expulsado definitivamente se hará esperar aún más. El presidente del club cántabro, Víctor Sainz de la Maza, estaba llamado a declarar ayer ante el Juez Árbitro de la ACT, Andreu Camps, igual que el gerente de la asociación de clubes de traineras, Iñaki Mikeo, y su presidente, Pedro Bravo. Lo hicieron como última prueba antes de que el letrado adopte la resolución final, que podría conocerse en un plazo máximo de diez días.

El club de Astillero se enfrenta a la expulsión definitiva de la ACT por la supuesta comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de la ACT, en concreto el referido a la obligación de las personas y entidades adscritas a no presentar, en los plazos establecidos, documentación requerida por la asociación para su funcionamiento interno.

Los escritos que debió presentar Astillero en el plazo determinado por la ACT hacen referencia a los datos de comunicación y contacto con las entidades adscritas a la ACT (dirección del club, teléfonos...), además de los correspondientes «a las relaciones de sujeción especial de las personas integradas en los distintos estamentos de cada club» y que fueran a intervenir en actividades, sean o no deportivas, en la ACT de la temporada que próximamente arrancará.

Astillero basó su defensa en la incapacidad de la ACT para apropiarse de unos datos que considera confidenciales. «No es el órgano competente y ha vulnerado la ley de datos», indicó ayer su presidente, al tiempo que justificó el retraso en el envío de la documentación requerida por la ACT por considerarlo «ilegal».

La declaración, en la que estuvo presente también la letrada de Astillero perteneciente al bufete madrileño de M. Cobo del Rosal, se alargó durante seis largas horas en la llamada Casa Azul de Astillero.

A la espera de conocerse la resolución del juez, si Astillero es expulsado, la junta directiva de la ACT deberá proponer un sustituto -previsiblemente Laredo o Isuntza-, que deberá ser aprobado por la asamblea.