VITORIA. DV. Después de una larga y tortuosa tramitación parlamentaria, la Ley del Suelo salvó ayer el penúltimo obstáculo antes de que el pleno de la Cámara vasca ratifique el texto el próximo 30 de junio. Los socios del Gobierno Vasco PNV, EA y EB, así como PSE-EE votaron a favor del proyecto legislativo que cuenta también con el respaldo de Aralar.

No cuenta con el apoyo ni de PP ni de EHAK, los dos partidos que pidieron la devolución del texto al Gobierno por razones opuestas y que ayer coincidieron en rechazar la Ley del Suelo.

A lo largo de un debate que se prolongó durante cuatro horas, se reprodujeron las críticas y los reproches, incluso entre los partidos que respaldan el proyecto. El enfrentamiento más significativo se produjo cuando el parlamentario socialista Jesús Loza mostró su satisfacción por el «amplio consenso» logrado no sólo en el Parlamento sino también en otras instituciones como Eudel y las diputaciones, si bien consideró que en las diputaciones de Vizcaya y Gipuzkoa el acuerdo había sido «impuesto» por la dirección del PNV. Y es que en un primer momento, las dos instituciones plantearon la posibilidad de recurrir a la Comisión Arbitral por entender que la ley afecta a sus competencias y cambia la Ley de Territorios Históricos, aunque después desistieron por «lealtad» institucional. La Diputación alavesa, gobernada por el PP, decidirá probablemente hoy si impugna la ley.

«Crisis profunda»

Loza mostró preocupación por la «crisis profunda» abierta entre las diputaciones y el Gobierno a raíz del pacto alcanzado con Eudel para que los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes puedan aprobar los planes generales sin necesidad del visto bueno de los gobiernos forales. «Las heridas están aún abiertas», indicó Loza, que pidió al PNV que defiendan «una idea clara y conjunta».

Estas apreciaciones no gustaron al representante nacionalista Juan Antonio Arieta-Araunabeña, quien consideró «legítimo y lógico» que las diputaciones digan que la Ley del Suelo toca su reparto competencial. Asimismo, negó cualquier tipo de crisis en el seno del partido y aseguró que el proyecto de ley que dijo respaldar, sin ningún tipo de reservas, «ha salido muy mejorado» tras la propuesta presentada por el PNV.

Oskar Matutes, de EB, coincidió en que el proyecto es «mejor que el que entró al Parlamento», una circunstancia que, en su opinión, «inquieta» al PP.

No compartió esta opinión el parlamentario del PP Anton Damborenea, para quien el dictamen aprobado ayer es «peor» que el texto inicial ya que, según indicó, «incurre en los mismos errores que la Ley Maturana».También cuestionó el «amplio consenso» entre las instituciones al recordar que los diputados forales de Vizcaya y Gipuzkoa hablaron de «deslealtad institucional» por haber «invadido competencias». Damborenea acusó a los partidos que apoyan la ley de aprobarla «a sabiendas de que va a perjudicar a la ciudadanía» ya que «va a incrementar el precio de los pisos».

Tanto EA como Aralar salieron al paso de estas acusaciones que para el parlamentario de EA Juan Porres, son «imputaciones gravísimas» que implican una prevaricación. Aintzane Ezenarro negó que la futura ley vaya a encarecer el precio de la vivienda libre y dijo que, por el contrario, «los constructores van a ver reducido su chollo». Si bien consideró que la ley no soluciona el problema de la vivienda en su totalidad, afirmó que es una «buena ley que traerá más vivienda protegida».

Julián Martínez, de EHAK, criticó todo el proceso de tramitación y el contenido de una ley «que abre las puertas a la especulación».