PAMPLONA. DV. La Policía Nacional irrumpió ayer en la rueda de prensa que ofrecían varios dirigentes de la ilegalizada Batasuna en Pamplona e impidió la continuación del acto por orden expresa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, magistrado que el pasado mes de enero prorrogó por dos años la suspensión de actividades de la coalición ilegalizada por el Tribunal Supremo.

Un secretario judicial, acompañado por tres policías, interrumpió la rueda de prensa cuando intervenía el responsable de Batasuna en Navarra, Juan Cruz Aldasoro, y conminó al resto de miembros de la Mesa Nacional y a sus acompañantes a abandonar el hotel, en cuyos accesos esperaban varias furgonetas con agentes de las unidades antidisturbios que no llegaron a intervenir. Según el informe de la Unidad Central de Inteligencia manejado por el juez, una sala del hotel Tres Reyes había sido alquilada días antes por Pernando Barrena, uno de los portavoces de la coalición y quien iba a ser el protagonista principal en la rueda de prensa.

En la resolución en la que ordena la intervención policial, Grande-Marlaska señala que la celebración del acto vulneraría la suspensión total de actividades de Batasuna por dos años que él mismo dictó el pasado 17 de enero.

El magistrado ya constató el pasado día 1 -cuando dejó en libertad a Arnaldo Otegi y a otros siete dirigentes de Batasuna- que «dicha organización sigue actuando -pese a la prohibición- en la vida pública» y, lo que es más importante para la presente y futuras actuaciones policiales, que «sus dirigentes actúan en su calidad de miembros de la Mesa Nacional y nunca en el ejercicio de derechos civiles y políticos individuales».

Esta certeza fue la que el 1 de junio pasado le llevó a ordenar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que «adopten las debidas medidas para evitar la celebración» de comparecencias públicas de dirigentes del partido proscrito y «su desarrollo, en caso de haberse iniciado», orden que ayer se concretó en el hotel Tres Reyes de Pamplona.

«Labor de sabotaje»

Los dirigentes de Batasuna, que abandonaron el hotel entre gritos de «Gora Euskalherria askatuta», mostraron su sorpresa por la actuación judicial. Barrena se quejó de que «esta actuación no se corresponde en absoluto con los tiempos políticos» y denunció que «nadie, en su sano juicio puede comprender a estas alturas que cuando todos los agentes políticos del país han mostrado disposición a hablar con todos, incluida Batasuna, un juez se dedique a este tipo de labor de sabotaje de las condiciones que se están creando para que verdaderamente podamos conocer un nuevo escenario de soluciones».

La decisión de Grande-Marlaska fue acogida con satisfacción por el PP, cuyo secretario general, Ángel Acebes, señaló que el juez «mantiene la decencia y la dignidad del Estado de Derecho» aunque «a veces no se lo están poniendo nada fácil».

Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia, acusación particular en el sumario 18/98, ha solicitado a Marlaska que requiera al PSE «a fin de que se abstenga de mantener reuniones de índole político con la organización ilegalizada». La asociación ha pedido también a la Audiencia Nacional que cite como imputado a Arnaldo Otegi por su participación en el acto organizado por LAB el pasado sábado en Durango «como representante de Batasuna».