MADRID. El Pleno del Congreso aprobó anoche 57 resoluciones derivadas del debate del estado de la Nación, entre ellas una propuesta del PNV, que con los votos en contra del PSOE, por la que insta al Gobierno a promover que los policías autonómicos puedan jubilarse anticipadamente con los mismos requisitos que otros funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa pide que se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para que los funcionarios de las policías autonómicas integrales puedan beneficiarse de la jubilación anticipada «con requisitos similares» de edad y cotización a los policías nacionales. Señala en el texto la necesidad «incuestionable» de este cambio normativo para «el buen desarrollo de la vida personal y profesional» de los miembros, en concreto, de la Ertzaintza y de no tenerse en cuenta, advierte, introduciría, además, «un no menos incuestionable elemento discriminatorio» respecto a otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el pleno dio luz verde a otras resoluciones presentadas por el PNV, en concreto, declarar obra interés general actuación inundaciones Ría Bilbao, impulsar medidas impulso industria Euskadi, el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional, la transferencia de las competencias en materia crédito, acuerdos de negociación sobre políticas activas con CC.AA, y el cierre de la pesquería de la anchoa del Golfo de Vizcaya.

Sólo el PP y Eusko Alkartasuna vieron rechazadas todas sus propuestas de resolución, mientras que la Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai obtuvieron un 'pleno' con la aprobación de las tres resoluciones que habían presentado cada uno.

EA planteaba el derecho de autodeterminación para Euskadi, suprimir el régimen de incomunicación a detenidos por terrorismo y el traspaso de 37 competencias al País Vasco, entre ellas las prisiones.

Sí hubo acuerdo de los grupos para reformar el Código Penal para introducir sanciones más severas contra las organizaciones delictivas implicadas en asaltos a viviendas. La solicitud forma parte de la principal resolución del debate sobre el estado de la nación aprobada ayer en la Cámara Baja con los votos del PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria e IU. La iniciativa fue -junto a una propuesta sobre seguridad vial avalada por todos los grupos salvo IU-ICV y una propuesta sobre inmigración- la que mayor respaldo concitó de todas las presentadas por los grupos tras el pleno de la semana pasada.

Seguridad e inmigración

Después del alto el fuego de ETA, los problemas de inseguridad ciudadana y los retos del fenómeno de la inmigración ocuparon la mayor parte de los discursos pronunciados por los portavoces parlamentarios. El reflejo práctico de tantas horas de discusión fue sin embargo algo vago. Al margen del incremento de las sanciones para las bandas organizadas, el Congreso se limitó a solicitar una mayor coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue de unidades especializadas en todo el Estado, incluida la periferia (un eufemismo para referirse a Cataluña).

El texto -que ERC rechazó por considerar que va «a rebufo» de la actualidad informativa- reclama además la «armonización» del Derecho Penal español y el europeo y solicita al fiscal general del Estado que dé a sus subordinados las «oportunas indicaciones» para que puedan solicitar la prisión provisional cuando se enfrenten ante este tipo de delitos, que han generado una gran alarma social en los últimos meses.

En cuanto a la inmigración se solicita al Gobierno el desarrollo de un plan que ayude a la erradicación de la pobreza en el África subsahariana mediante su desarrollo económico y social, en colaboración con la UE y otros organismos internacionales. Le insta además a solicitar un papel «más decidido» de la UE en la gestión de situaciones de emergencia humanitaria vinculada con los flujos migratorios. Los grupos reclaman el máximo esfuerzo diplomático, la reactivación de los convenios de readmisión en vigor y la suscripción de nuevos acuerdos con los países emisores de emigrantes y un mayor control de las fronteras. Además, se pide la convocatoria de una conferencia con los representantes de Bienestar Social, Trabajo e Interior para coordinar las políticas de acogida e insta a adoptar reformas normativas para mejorar las garantías de información sobre el derecho de asilo y refugio.

Sobre aeropuertos, se solicita que una vez entre en vigor la reforma del Estatuto de Cataluña se adopten las medidas legislativas necesarias para que la Generalitat pueda asumir la gestión de los puertos de Barcelona y Tarragona y participar en la de aquellos aeropuertos ubicados en territorio catalán. Esa gestión podrá ser plena en el caso de los aeródromos que dejen de estar considerados como aeropuertos de interés general.

En seguridad vial, se pide la reforma del Código Penal para definir con mayor precisión todos los delitos de tráfico contra la seguridad. Se marca el objetivo de reducir al 40% en 2008 la tasa de mortalidad y plantea la localización y supresión de los 'puntos negros' y la revisión permanente de la señalización y del asfalto. AGENCIAS