SAN SEBASTIÁN. DV. Los dirigentes de Batasuna se han enfrentado en los últimos doce meses a numerosos procesos judiciales, en especial su portavoz, Arnaldo Otegi, y han tenido que abonar 1.350.000 euros de fianzas, más de doscientos millones de las antiguas pesetas, para eludir la prisión para algunos de sus miembros. Así, Otegi, Juan Joxe Petrikorena y Juan María Olano pasaron el pasado mes de abril, con el alto el fuego ya en vigor, varios días en prisión mientras sus defensas reunían las fianzas que les impusieron.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska imputaba a Otegi y a otros miembros de la izquierda abertzale por su presunta responsabilidad en los incidentes acaecidos en una huelga celebrada el 9 de marzo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en protesta por la muerte de dos presos. Otegi permaneció encarcelado nueve días y sólo pudo abandonar Soto del Real tras pagar la fianza de 250.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional. Petrikorena y Olano abonaron una caución de 200.000 euros, respectivamente. Pernando Barrena eludió la cárcel tras depositar idéntica cifra, mientras el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, tuvo que pagar un total de 100.000 euros.

Otegi ya había ingresado en prisión el 25 de mayo de 2005, cuando el mismo magistrado de la Audiencia Nacional le encarceló en el marco del sumario por la presunta relación de Batasuna con ETA. Otegi pasó dos noches en prisión preventiva, en el penal madrileño de Soto del Real, hasta que sus abogados depositaron una fianza de 400.000 euros.

Condenas

Pero éstas no han sido las únicas causas en las que se ha visto envuelto el portavoz de Batasuna en los últimos meses. El pasado 27 de abril la Audiencia Nacional condenó a Otegi a quince meses de cárcel y a siete años y tres meses de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento del terrorismo, que cometió en 2003 durante el homenaje celebrado en Amorebieta al ex dirigente de ETA José Miguel Beñaran, Argala. La condena no supuso el encarcelamiento inmediato por tratarse de una pena inferior a dos años de cárcel y no ser una sentencia firme, ya que era recurrible ante el Supremo.

Otegi también fue condenado el pasado 31 de octubre por el Tribunal Supremo a un año de prisión por injurias graves al Rey, al haber dicho del monarca español en una rueda de prensa, el 26 de febrero de 2003 en San Sebastián, que era «el responsable de los torturadores». Pero el pasado 17 de mayo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dejó en suspenso, durante tres años, la ejecución de esta pena.

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal vasco, obra de su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, y de los magistrados Nekane Bolado y Roberto Saiz, condicionaba la suspensión de la ejecución de la condena durante tres años a que «el reo no delinca en el plazo fijado», según la resolución.

Asimismo, el pasado 18 de enero el Tribunal Supremo acordó por unanimidad repetir un juicio contra Otegi, por entender que la sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le condenó estaba «contaminada» al haber intervenido dos de sus magistrados, «de forma relevante», en la fase de instrucción del caso. La sentencia revocada condenaba a Otegi a quince meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo por unas declaraciones en el entierro de la miembro de ETA Olaia Kastresana.

El portavoz de Batasuna puede ser además procesado por otras dos causas. Una por un homenaje al miembro de ETA fallecido Arkaitz Otazua y otra por el acto del velódromo de Anoeta, en noviembre de 2004, donde Batasuna, considerada ilegal por la Justicia, presentó su nueva propuesta política.

Precisamente, los procesos contra los dirigentes de la coalición se multiplicaron a raíz de la ilegalización de la coalición, decretada en el año 2003 por el juez Garzón.