MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió anoche no adoptar nuevas medidas cautelares ni prisión contra siete dirigentes de Batasuna -Arnaldo Otegi, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez, Pernando Barrena, Rufino Etxebarria, Karmelo Landa y Jon Gorrotxategi- por su posible responsabilidad en la burla a la suspensión de actividades de la coalición ilegalizada. El magistrado entiende que no es necesario modificar su situación procesal. Casi todos ellos estaban ya en libertad tras abonar fuertes fianzas económicas.

El octavo acusado, Joseba Permach, por su parte, tampoco irá a prisión aunque tendrá que presentarse todos los días en el juzgado tras imputarle un delito de amenazas terroristas que habría cometido en una rueda de prensa en la que aseguró que el encarcelamiento de dirigentes abertzales bloquearía el proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente de ETA.

El juez concluyó a última hora de la tarde de ayer la ronda de interrogatorios iniciada el pasado miércoles. Aldasoro, Alvarez, Barrena y Permach, que declararon ayer tarde, se acogieron al derecho constitucional a no declarar, tal y como la víspera hicieron los otros cuatro imputados: Otegi, Etxebarria, Landa y Gorrotxategi.

El magistrado citó a declarar a los ocho miembros de la nueva Mesa Nacional por entender que existen indicios de que en las últimas semanas han violado la suspensión de actividades del partido ilegalizado, con la elección de una nueva dirección nacional y la designación de una comisión negociadora, y han incurrido en un delito de amenazas terroristas con los avisos de que su posible encarcelamiento bloquearía el proceso de paz, según sostenía Grande-Marlaska.

Concluidos los interrogatorios, el magistrado convocó la 'vistilla' preceptiva para la adopción de medidas cautelares. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, no reclamó nuevas cauciones ni medidas de prisión para los acusados, por entender que siete de ellos están ya sujetos a importantes fianzas, no han cometido acciones delictivas nuevas, y no puede observarse en su comportamiento reciente un mayor riesgo de fuga o una elevación del peligro de reiteración delictiva.

«Nueva situación social»

Según fuentes fiscales, dada «la nueva situación social diametralmente distinta», en referencia al proceso de paz, la elección de una nueva Mesa Nacional (dirección) por parte de Batasuna sólo busca recuperar la presencia pública de la coalición ilegalizada. En esa línea, la elección de una nueva dirección y de una comisión negociadora sólo pretenden, para el fiscal, apoyar el «cese de la violencia» y su «consecución definitiva».

En cambio, las acusaciones particulares -la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)- pidieron al juez el encarcelamiento de los ocho procesados. DyJ aceptó que pueda quedar en libertad bajo fianza de 400.000 euros Karmelo Landa, porque es el único de los ocho imputados que no estaba sometido a caución previa alguna y no cabe acusarle de reiteración delictiva.

La investigación del juez Grande-Marlaska pretende determinar si la cúpula del partido ilegalizado violó el auto de suspensión de actividades al elegir en marzo, de forma clandestina, una nueva Mesa Nacional.

El magistrado amplió el viernes pasado las acusaciones contra los ocho procesados al imputarles también un delito de presuntas amenazas terroristas. Grande-Marlaska considera que dirigentes de Batasuna amenazaron la semana pasada al Estado y a los ciudadanos con el «bloqueo» del proceso de paz si la Audiencia Nacional encarcela a los dirigentes del partido ilegal.

En este sentido, el dirigente abertzale Joseba Permach declaró ayer en la Audiencia Nacional que las manifestaciones en las que advirtió de que si el juez Marlaska ordenaba la prisión de los miembros de Batasuna el proceso de paz entraría en situación de bloqueo no tenían finalidad intimidatoria.

Según informaron en una comparecencia ante los periodistas el teniente fiscal de este tribunal, Jesús Santos, y el fiscal portavoz Juan Antonio García Jabaloy, Permach contestó así a las dos únicas preguntas a las que dio respuesta durante su comparecencia ante el magistrado. Permach, a preguntas de la Fiscalía, aseguró que realizó estas declaraciones -en una entrevista concedida a Radio Euskadi el pasado 25 de mayo- en clave política. Para la Fiscalía, estas expresiones carecen de la entidad necesaria para configurar un delito de amenazas terroristas, y son sólo declaraciones «de contenido únicamente político».

Por otra parte, Otegi aprovechó su visita a la Audiencia Nacional para saludar a los familiares de unos presuntos miembros y colaboradores de ETA que estaban siendo juzgados.