EL mismo día que el presidente del Gobierno abría el debate en el Congreso con un discurso en en el que se recalcaban los sobrentendidos logros económicos de su mandato, el Instituto Nacional de Estadística hizo público el avance del Índice de Precios al Consumo. Y las noticias no son precisamente positivas. Con un 4,1% de inflación interanual, este mes de mayo se ha situado como el más inflacionista de los últimos cinco años. La economía española, que ha tenido un buen primer trimestre en aspectos como el empleo o las tasas de crecimiento, sigue tropezando mes tras mes con el escollo de una inflación sin control que, a fecha de hoy, ya rebasa ampliamente todas las previsiones del Ejecutivo. La subida de los precios al consumo no es simplemente un dato, se trata de un auténtico riesgo al que los miembros del Gabinete socialista parecen no querer prestarle la atención que merece. El simple hecho de que, más allá de los precios energéticos, la inflación subyacente, que es la realmente determinante para nuestro comercio exterior, empiece a perder el control debería hacer saltar todas las alarmas de cualquier Gobierno. La inflación disminuye los salarios reales, perjudica a los ahorradores, inyecta incertidumbre en el sistema económico y desvirtúa las expectativas empresariales. Curiosamente, al único al que beneficia es al Gobierno, que con precios crecientes aumenta su presión fiscal mientras mira para otro lado. La inacción institucional que se manifiesta en el ámbito de las reformas económicas no tardará mucho en pasar factura porque, lejos de aquella liberalización prometida, el intervencionismo creciente, la regulación discrecional, el mantenimiento de ciertos corporativismos, el renacimiento de las empresas públicas y los intentos de aislamiento comercial, conducen la situación en una dirección ya conocida, pero nada seductora.