MADRID. La Audiencia Nacional imputará a las auditoras de Afinsa y Fórum Filatélico como posibles corresponsables del presunto fraude «masivo» que habrían cometido desde hace años estas dos sociedades de inversión en sellos, que podrían acumular así un agujero financiero superior a los 5.000 millones de euros. La justificación de esta medida, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y apoyada por las diferentes acusaciones que han pedido personarse en el caso, es que en las revisiones que se hicieron sobre la contabilidad de las dos empresas sospechosas prácticamente no se incluyeron salvedades.

Como primera medida, el juez Santiago Pedraz ya ha comunicado al auditor Francisco Blázquez, la persona designada por la firma Gestynsa para examinar las cuentas de Afinsa, que mañana deberá acudir a la Audiencia acompañado de su abogado. El mismo criterio tiene previsto seguir su colega Fernando Grande-Marlaska cuando decida la citación del profesional de la firma Carrera que auditó los números de Fórum, si bien aún no tiene fecha prevista y está a la espera de que el fiscal revise la documentación correspondiente.

Responsables civiles

Tras la declaración del auditor de Afinsa no se descarta que el representante del Ministerio Público pida medidas cautelares respecto a su persona, sin descartar la imposición de una fianza económica. La tesis del fiscal es que el visto bueno que dio a las cuentas de la sociedad intervenida ofreció una sensación de seguridad falsa a los inversores, que pudieron sentirse así confiados en unas cuentas «no acordes con la realidad» que presentaba Afinsa.

Esto mismo, según las fuentes judiciales consultadas, se podría predicar en líneas generales de la auditora de Fórum, argumento que utilizarán las decenas de miles de afectados para reclamar que tanto Gestynsa como Carrera sean declaradas responsables civiles en una posible condena a los directivos de las dos sociedades de inversión en sellos. De hecho, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ya las ha sancionado a ambas por infracción grave en sus informes de 2002.