EL presidente Zapatero quiere meter el turbo y acelerar el inicio del diálogo con ETA. Los problemas que han emergido le aconsejan intentar acortar los plazos lo máximo posible para evitar que el proceso se colapse antes de comenzar. Una vez más una cosa es lo que aflora a la superficie y otra lo que se emite en baja frecuencia. Pero sería ridículo negar que hay serios escollos. Esta semana es clave y la cita judicial de mañana, con los dirigentes de Batasuna sentados ante Grande-Marlaska, ha encendido las luces de alarma.
Zapatero necesita soltar lastre. Sabe que los mensajes de la izquierda abertzale le complican el margen de maniobra. Batasuna quiere la mesa de partidos, o sea, una negociación política que abra la puerta al derecho de autodeterminación sin que ETA se haya disuelto antes. El otro diálogo con ETA -el que denominan «técnico»- no forma parte de su agenda. El mundo nacionalista está también cada vez más ansioso. Los soberanistas cuestionan que sea Zapatero el que tenga que manejar los ritmos y piden se vaya al meollo político de fondo.
Pero los tiempos del presidente son otros. Zapatero tiene prisa también porque necesita suavizar su desencuentro con el PP y cuando menos amortiguar a su sector más radical y tremendista, dispuesto a no darle la más mínima tregua. Para ello intenta mantener un puente mínimo de complicidad con Rajoy, que ha advertido que sólo ha autorizado que se verifique que ETA ha decidido dejar definitivamente la violencia. Pero el reparto de papeles puede ser engañoso. El PP desconfía por completo de Zapatero aunque algunas voces reclamen moderación y responsabilidad. La cumbre del pacto antiterrorista debería ayudar a rehacer un diagnóstico común. Pero la estrategia sobre la legalización de la izquierda abertzale plantea una fractura entre PP y PSOE de muy difícil sutura.
Ante estos obstáculos Zapatero está dispuesto a jugar fuerte y pisar el acelerador, pese a los riesgos. Él dijo que no estaría dispuesto a pagar un precio político por el adiós a las armas, pero sí a hacer política para ello. El fin de ETA será fruto de un proceso, no de un reciclaje milagroso, pero este proceso saldrá adelante, en gran medida, si quienes han practicado la violencia han madurado y asumido una decisión clara: terminar para siempre y no amenazar con su vuelta si no salen adelante sus pretensiones. Que el Gobierno hable con una organización terrorista sobre su disolución y el futuro de sus miembros, dejando la puerta abierta a excarcelaciones que pueden ser dolorosas e impopulares en la sociedad, ya es en sí mismo una decisión valiente que implica pagar un precio político. Un precio siempre menor al que han pagado quienes han sufrido de cerca tantos años de sinrazón.