Batasuna es una proscrita de la Ley y todo aquel que realice actos como dirigente de Batasuna está asumiendo el carácter delictivo de su comportamiento. Otegi, por ejemplo, está más que avisado. El Tribunal Supremo disolvió a la coalición proetarra; y la Audiencia Nacional, en dos ocasiones, ha suspendido sus actividades como medida cautelar en un proceso penal. ¿Qué más hace falta para dejar de discutir que quien represente a Batasuna y actúe por ella es un presunto terrorista? Por eso, entra en la lógica jurídica más intachable que el magistrado Grande-Marlaska decida ampliar la imputación contra unos proetarras que, en este momento, están echando un órdago al Estado.