PAMPLONA. El diputado por Navarra Jaime Ignacio del Burgo, de UPN-PP, ha presentado una denuncia ante el Fiscal General del Estado contra Arnaldo Otegi y los otros cinco miembros de la «comisión negociadora» de Batasuna «por haber infringido el ordenamiento jurídico penal» con su presentación en Pamplona.

En su denuncia, el diputado subraya que Batasuna fue disuelto como partido político «por haber quedado probado que formaba parte de la banda terrorista ETA», por lo que «no puede tener legalmente órganos de gobierno, ni realizar actos públicos, ni ninguna otra actividad, ni ser tenida como interlocutora válida en ningún foro de diálogo o de negociación política».

Según Del Burgo, en el acto de Pamplona se presentaron «como interlocutores nombrados por la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna en futuras negociaciones políticas que puedan producirse para la búsqueda de un nuevo estatus para el País Vasco». El diputado destaca que la pretensión de los denunciados es ser tenidos como interlocutores «en una hipotética mesa de partidos que pudiera formarse con representantes de los siete territorios que, a su juicio, componen la nación vasca o Euskal Herria, para acordar un nuevo estatus político para el País Vasco y resolver el supuesto conflicto que enfrenta, según ellos, al pueblo vasco con los estados español y francés».

Esta rueda de prensa, concluye el diputado popular, «se suma a actos similares llevados a cabo en Pamplona en los últimos tiempos y que hasta el momento han gozado de total impunidad, habida cuenta que el Ministerio Fiscal no ha ejercido las funciones que su ley reguladora le confieren para la defensa del ordenamiento jurídico quebrantado».

Por su parte, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, aseguró que las declaraciones de Joseba Permach «son, una vez más, una amenaza permanente al Estado de Derecho y la voz de ETA que quiere seguir imponiendo sus referencias», ante las que «el Gobierno de España no se debe dejar impresionar».

Barrio añadió que «lo que diga Permach no tiene valor ético ni democrático», por lo que el Ejecutivo central no puede seguir «arrastrándose como hasta ahora» ni tampoco «ceder a la amenaza». El portavoz popular apostó por que «funcione el Estado de Derecho y por que los jueces hagan su trabajo». AGENCIAS