Javier Zaragoza, nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aprovechó la primera reunión que mantuvo con sus subordinados para relevar al fiscal Juan Moral como responsable de la acusación pública en el sumario que investiga si Batasuna es el «frente político-institucional» de ETA, tarea que había ejercido en los últimos meses.

El fiscal jefe ordenó que, de forma provisional, todas las actuaciones procesales próximas en ese asunto sean atendidas directamente por su número dos, el teniente fiscal Jesús Santos, que ayer mismo fue el encargado de alegar en contra del recurso presentado por Batasuna contra el procesamiento de más de cuarenta de sus dirigentes históricos -vista que quedó suspendida 'sine die'- y también será el responsable, el miércoles y jueves próximos, de interrogar a los ocho imputados por Grande-Marlaska y de decidir si pide o no su encarcelamiento.

Fuentes del órgano judicial indicaron que el próximo 5 de junio el fiscal jefe Zaragoza reunirá de nuevo a sus subordinados en la Audiencia Nacional para realizar un nuevo reparto definitivo de las tareas, por lo que el sumario podría quedar en manos de Santos o pasar a la competencia de otro fiscal de su elección.

Moral fue el fiscal que, el 26 de mayo del año pasado, pidió el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi -para quien el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros- y que, cuatro días después, solicitó su procesamiento por un delito de integración en ETA.

Sin embargo, el pasado 29 de marzo, cuando después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hubiera anunciado que se volvería a pedir el ingreso en prisión de Otegi, el ministerio público terminó solicitando que se aumentara la fianza exigida, ya no fue Moral, sino Santos, quien representó a la Fiscalía en la comparecencia del portavoz abertzale.

El pasado día 19, Moral pidió al juez las comparecencias de los ocho responsables de Batasuna por considerar que han incurrido en una una reiteración delictiva «al burlar el auto judicial» que decretó la suspensión total de actividades de Batasuna durante dos años.