MADRID. El juez Fernando Grande-Marlaska imputó ayer a Arnaldo Otegi y a los principales líderes de Batasuna un delito de amenazas terroristas por considerar que chantajean al Estado y a la sociedad con el hipotético retorno de los atentados de ETA si no se abre de inmediato una negociación política o si la Audiencia Nacional decide la próxima semana encarcelar a ocho miembros de la nueva Mesa Nacional.

Grande-Marlaska amplió con este delito de amenazas terroristas las imputaciones -pertenencia a banda armada y otros- que pesan sobre los ocho miembros de la nueva Mesa Nacional de Batasuna que están citados a declarar en la Audiencia Nacional el miércoles y jueves próximos por la elección clandestina, en marzo pasado, de los nuevos miembros del máximo órgano de dirección del partido ilegalizado.

El magistrado tiene previsto determinar si Otegi, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa, Jon Gorrotxategi, Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena y Joseba Álvarez incurrieron en una reiteración delictiva al violar, con la renovación de la Mesa Nacional, el auto de suspensión total de actividades de la formación por espacio de dos años, dictado en enero pasado por el instructor del sumario Batasuna.

El magistrado considera en el auto dictado ayer que, además, las últimas intervenciones públicas de los portavoces de Batasuna -la rueda de prensa de Otegi el miércoles y la entrevista radiofónica de Permach el jueves-, puestas en relación con la entrevista con la cúpula de ETA publicada hace doce días por Gara, demuestran que el frente político y el militar de la organización mantienen una estrategia conjunta, «tratando de hacer depender una concreta y alegada situación de ausencia de violencia y de otras conductas criminales de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado».

Grande-Marlaska, por tanto, amplía la imputación a los ocho dirigentes a las amenazas de carácter terrorista porque cree que ETA-Batasuna chantajea con romper el alto el fuego iniciado el 24 de marzo si el Gobierno no cede a sus exigencias. El auto concluye que las declaraciones de la cúpula del partido ilegalizado «hacen depender explícitamente el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones».

La decisión del juez resuelve un problema de técnica jurídica. En la práctica, es difícil exigir responsabilidades penales a los ocho imputados por la designación de una comisión negociadora de seis miembros para participar en una hipotética mesa de partidos, algo que no es ilegal. Pero sí puede hacerse si esa iniciativa se aborda como actuación de un partido ilegalizado y se pone en relación con la declaraciones («amenazas») públicas de Otegi y Permach de esta semana sobre el «bloqueo» y «colapso» que sufrirá el proceso de paz en el caso de que no se acepten sus exigencias, que son el inicio de la negociación política y el fin de la persecución judicial a Batasuna.

Petición de cárcel

Las comparecencias de la semana próxima pondrán de nuevo al magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 ante la disyuntiva de encarcelar o no a Otegi y al resto de los procesados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no parece tener claro si cabe modificar la situación de libertad provisional o bajo fianza de los imputados, pero las dos acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)- anunciaron ayer que exigirán a Grande-Marlaska la celebración de las correspondientes vistillas y pedirán al juez el encarcelamiento de Otegi y el de buena parte del resto de los dirigentes citados.

El abogado de DyJ presentó también ayer un escrito en el juzgado en el que pide al magistrado que amplíe la imputación y cite a declarar en los próximos días al resto de los miembros de la nueva Mesa Nacional, compuesta de unas 33 personas, que fueron elegidos de forma clandestina el 16 de marzo en una discoteca de Bergara y presentados en público el 24 de marzo, durante una rueda de prensa en Pamplona.

A petición del fiscal, el juez sólo citó a declarar por estos hechos a los ocho miembros de la nueva cúpula de Batasuna que ya estaban procesados en el sumario, por entender que ellos sabían de forma «fehaciente» que con su actuación violaban la orden de suspensión de actividades, cosa que no le constaba del resto.

El acusador público señaló que, a la vista de estos interrogatorios, vería si ampliaba las imputaciones al resto de la Mesa Nacional. La asociación de víctimas DyJ también ha pedido a Grande-Marlaska que cite como imputados a los dos únicos miembros de la comisión negociadora de Batasuna, Elena Urabaien y Arantza Santesteban, que no pertenecen a la nueva dirección del partido ilegalizado.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, desvinculó ayer el proceso de paz de cualquier decisión que solicite el fiscal o decrete el juez contra los dirigentes abertzales. «Sólo puede tener que ver con la interpretación de la legalidad, que corresponde al Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus acciones, y al Poder Judicial al aplicarla interpretándola», subrayó.

López Aguilar también manifestó el «respeto» del Gobierno central respecto a las decisiones judiciales, y pidió a los responsables políticos que «no interfieran o las instrumentalicen», así como que «no agiten un debate que está todavía en los prolegómenos», en referencia al proceso de paz. Lo que les corresponde, agregó, es «aprovechar» una «oportunidad histórica para la libertad completa e irreversible en toda España y también en el País Vasco». «No conviene perderlo de vista», afirmó.

Separación de poderes

El ministro no quiso valorar las declaraciones realizadas el jueves por el dirigente de Batasuna Joseba Permach, quien advirtió de que si hay encarcelamientos el proceso se bloqueará. Quien sí respondió a estas palabras fue el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, que recordó a Batasuna que en España rige «la separación de poderes» y que los jueces son «los encargados de aplicar la ley con total independencia». Además, advirtió a la coalición de que si quiere «participar en el juego político tendrá que cumplir la ley».

la decinón dce Marlaska fue zcogida con satisfacción por el PP, cuyo secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, se felicitó de que «el Estado de derecho haya respondido con la claridad que exige el cumplimiento de la ley al enésimo pulso» de la organización ilegalizada Batasuna.

Diferentes organizaciones judiciales también respondieron a Permach. La Asociación Profesional de la Magistratura indicó que los jueces y tribunales tomarán decisiones «de forma ajustada al principio de legalidad y no en función de lo que el señor Permach pueda predecir o vaticinar». El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García Panasco, indicó que la advertencia de Permach es «una opinión que no necesariamente» puede ser constitutiva de infracción penal, aunque le respondió que, con independencia de lo que él diga, los jueces y los fiscales actuarán «conforme al ordenamiento jurídico». COLPISA