IRUN. DV. Setenta vecinos de la comarca afectados por la presunta estafa de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico asistieron a la reunión celebrada el jueves en la sala de conferencias del antiguo hospital, que había convocado la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acubi). La cantidad media de dinero invertido por los afectados de la comarca es de 12.000 euros, «aunque hay situaciones muy diferentes. Hay personas con una economía estabilizada y otros casos que son sangrantes, como los de algunos jubilados que han invertido el dinero de la venta de su piso», comentaba Belén Martínez, secretaria de Acubi.

La asociación informó a los asistentes sobre la situación de los procedimientos que se están siguiendo en los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, «que están ahora en fase de instrucción, sin que a día de hoy se pueda tener una idea clara sobre la situación patrimonial real de ambas empresas. Se ha nombrado un administrador judicial, que será el encargado de valorar dicha situación patrimonial».

Una vez se determine el patrimonio de las empresas, se abrirán varias vías de actuación que se están estudiando por los gabinetes jurídicos de las asociaciones de consumidores y «de las que se informará puntualmente a los afectados». Otra posibilidad que se está analizando «es la posible responsabilidad subsidiaria de la Administración».

Acubi quiso dejar claro a los afectados que «hasta que el administrador judicial no emita su informe, nadie puede determinar la situación patrimonial de las empresas y por tanto nadie puede indicar, a ciencia cierta, si los inversores estafados recuperarán algo, todo o nada o, en su caso, qué porcentaje es recuperable».

Reclamaciones

En este estado de cosas, la asociación de consumidores aconsejó «desconfiar de las plataformas, despachos de abogados o pseudoasociaciones que garantizan la recuperación de un porcentaje determinado, en caso de presentar la reclamación a través de ellos».

Acubi también explicó y quiso dejar claro que «no existe ningún Fondo Público de Garantía que cubra este tipo de situaciones».

La asociación recomendó a los afectados no presentar denuncias individuales, «porque provocarán la dispersión y la multiplicación de los procedimientos, ya que todas las denuncias tienen que enviarse a la Audiencia Nacional, provocando un colapso de la misma y ralentizando en extremo el procedimiento. Cuantas menos partes ejerzan la acusación particular, menos se dilatará el proceso».

Acubi recogió en la reunión del jueves la documentación de los afectados para remitirla a la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores, antes del próximo 14 de julio y aconsejó a quienes todavía no la han recopilado «que reúnan toda la información de la que dispongan, hagan fotocopias, guarden a buen recaudo los originales y estén atentos a las instrucciones que vayan dando las asociaciones de consumidores».